Heraldo del Campo

El pacto de la discordia

No solo afecta a la agroalimentación, pero este sector es uno de los que más ha alzado la voz contra el CETA, el tratado comercial de casi 1.600 páginas que abre las puertas del mercado de la UE a Canadá y viceversa.

Detalle de un participante en una de las numerosas movilizaciones sociales que se han realizado en toda Europa contra el tratado con Canadá.
Detalle de un participante en una de las numerosas movilizaciones sociales que se han realizado en toda Europa contra el tratado con Canadá.
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Hay quien se refiere a él como AECG por sus siglas en español (Acuerdo Económico y Comercial Global) y los más acostumbran a nombrarlo por su acrónimo en inglés CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Pero se llame AECG o CETA, de lo que se habla es del tratado de libre comercio negociado -con total secretismo durante más seis años- por la Unión Europea y Canadá.

No afecta solo al sector agrario, pero este es una de las actividades más sensibles a estas nuevas relaciones comerciales a ambos lados del Atlántico. Tanto que uno de los principales escollos para su aprobación lo encontró en Valonia, una pequeña región belga de apenas 3,5 millones de habitantes cuyo parlamento decidió anteponer la supervivencia de su agricultura a la firma del acuerdo. Y lo vetó. Ataba así las manos de Bélgica, que no podía apoyar el CETA sin la aprobación de Valonia. Sin unanimidad en la UE -como exigen las normas comunitarias-, el pacto, que afecta a 508 millones de europeos y 35 millones de canadienses, quedaba congelado. Dos semanas de intensas negociaciones y algún retoque en el CETA consiguieron vencer la resistencia valona el 29 de octubre del pasado año.

Apenas un día después, domingo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau volaba a Bruselas para rubricar con el presidente del Consejo, Donald Tusk, con quien compartió visibles muestras de satisfacción, un acuerdo que ha llenado las calles de Europa de manifestaciones de rechazo y oposición.

Esta intensa oposición se hacía visible el 15 de febrero de 2017 a las puertas del Parlamento europeo reunido en Estrasburgo donde se ratificaba el tratado con Canadá por 408 votos a favor frente a 254 en contra.

Con casi todo el camino recorrido, este pacto, que ocupa nada menos que 1.598 páginas, tenía que salvar otro obstáculo, el visto bueno de los parlamentos de los Estados miembros. El de España lo conseguía el pasado 18 de mayo con el apoyo de los diputados del PP, PSOE, Ciudadanos, PDEcat, PNV y Coalición Canaria. Una aprobación que volvió a poner en primera página las airadas críticas de algunos representantes del sector agroalimentario español. También los argumentos de sus defensores.

¿Comeremos en un futuro no muy lejano ternera hormonadas o pollo clorado? No, no es una nueva receta, ni mucho menos que la Unión Europea haya rebajado los exigentes requisitos que han de cumplir los agricultores y ganaderos en la producción de sus alimentos. Es, según la organización agraria UAGA-COAG, una de las consecuencias del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. El sindicato, que rechaza enérgicamente el pacto, recuerda cómo en este país se desinfecta la carne con cloro antes de su venta o se inyecta a su ganado ractopamina -una hormona estimulante del crecimiento-, sustancias y técnicas prohibidas desde hace años en la UE por sus «perniciosos» efectos. «El CETA abrirá las puertas del mercado europeo a miles de toneladas de este producto», advierten desde la organización agraria, que considera «una grave irresponsabilidad» la decisión del Congreso español, porque «pone en peligro el modelo social y profesional de agricultura de la UE y la apuesta estratégica de nuestros productores por la calidad, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el respeto al medio ambiente».

Jamón ‘made in Quebec’

Uno de los grandes damnificados del CETA, coinciden en señalar sus detractores, son las producciones con sello de calidad europeo. En el acuerdo, de casi 1.600 páginas, 30 capítulos y 70 anexos, el país norteamericano reconoce 143 denominaciones de origen -de ellas 27 son españolas-. O lo que es lo mismo, deja sin protección, señalan desde COAG, al 90% de las 1.500 indicaciones geográficas que existen en Europa. «La consecuencia inmediata es que un productor de Toronto podrá producir, por ejemplo, jamón serrano y venderlo con esta marca en Canadá sin ninguna consecuencia legal ni de ningún tipo», advierten desde la organización agraria.

Claro que todo es según el cristal desde el que se mira. Los defensores del acuerdo, entre ellos el Gobierno, Cooperativas Agroalimentarias de España y los partidos políticos que apoyaron su aprobación, califican de «hito histórico» que un país con mentalidad anglosajona en la política de protección de marcas haya aceptado más de un centenar de indicaciones geográficas. Explican que la lista ha sido elaborada en base al potencial exportador de cada producto y si la cifra parece ridícula respecto a las más de 1.500 que existen en Europa es porque solo una mínima parte de ellas tienen una clara vocación exportadora a los países terceros. Eso sí, aseguran que el CETA establece una cláusula que permitirá incorporar nuevas denominaciones cuando estas tengan suficiente entidad exportadora.

Sin barreras

Quienes rechazan el tratado insisten en que las grandes amenazas para las producciones agroalimentarias de la UE son consecuencia del desmantelamiento de las barreras arancelarias -tarifas que gravan las exportaciones e importaciones- y las no arancelarias -aquellas que derivan del modelo de producción que existe en la UE-. Y ahí es donde preocupa sobremanera el futuro del vacuno de carne. Tanto, que al comienzo de las negociaciones, incluso la propia UE, presuponiendo que iba a sufrir mucho con la aplicación del tratado, calificó a este sector de «sensible» y entendió así que había que protegerlo. Lo hizo manteniendo sus barreras, pero Canadá consiguió a cambio tres nuevos contingentes al 0% de arancel, uno de 30.840 toneladas de carne fresca o refrigerada de vacuno; 15.000 toneladas de carne congelada y parte de la cuota Hilton (para 15.000 toneladas de carne de alta calidad que se importa de distintos países) que ahora llega tras pagar un arancel del 20% y que con este pacto entrará al 0% si procede de Canadá. Hagan ustedes números, explican desde COAG, que detallan que actualmente se importa del país norteamericano apenas 4.000 toneladas de carne de vacuno a toda Europa, «lo que significa que toda la producción canadiense entrará con arancel cero». La presión que ello supondrá sobre los precios provocará «un descenso de la producción y con ello del censo de vacuno».

Con el CETA caen también las barreras no arancelarias, lamentan sus detractores, aquellas que garantizan un modelo de producción en la UE que salvaguarda la seguridad alimentaria. Lo hace mediante dos pilares: el concepto de la granja a la mesa -un modelo integral de concebir la seguridad desde el inicio al final de la cadena por el que se concluye que un animal sano es un alimento seguro-, y el principio de precaución -una política de gestión del riesgo que implica que cualquier acción, tratamiento o política que se quiera aplicar debe contar con un consenso científico absoluto sobre su inocuidad, tanto para los consumidores como para el medioambiente-.

Y es ahí donde comienzan las diferencias, porque bajo estos parámetros se explica la prohibición europea de utilizar sustancias que facilitan el engorde del ganado -que sí están permitidas en las explotaciones canadienses-, o las normativas de bienestar animal, que impiden que el ganado pueda estar dentro del vehículo que lo transporta más de ocho horas -cuando en el país norteamericano este periodo es de hasta 48 horas e incluso, en algunos casos, hasta 72-. Se explica también por qué el uso de los transgénicos está restringido en los cultivos de la Unión y por qué es obligatorio recoger su existencia en las etiquetas de los productos que los contienen. Una exigencia desconocida en Canadá, quinto país del mundo en producción de organismos genéticamente modificados.

«Las garantías de que se van a respetar los modelos de producción son en nuestra opinión muy escasas porque el contenido del tratado es tan ambiguo que una misma norma puede ser interpretada de una forma o de la contraria», señalan los técnicos expertos de COAG, que alertan además de la inexistencia de un régimen sancionador para aplicar a aquellos importadores que incumplan las normas. «Solo se dice que se les dará la oportunidad de reconsiderar sus decisiones», critica la organización agraria.

No es la única organización agraria que lamenta la aprobación del CETA. El secretario de relaciones internacionales de UPA y secretario general de la organización en Aragón, José Manuel Roche, insiste en que desde el punto de vista agroalimentario el acuerdo es «muy perjudicial» porque además el campo ha vuelto a utilizarse como «moneda de cambio». Advierte además que el CETA, que «solo beneficiará a las grandes empresas», aumentará el acceso a Europa de importaciones agroalimentarias obtenidas con costes de producción muy inferiores, «perjudicando claramente al bovino, al porcino y al trigo».

Una de cal, otra de arena

Desde Asaja se considera que el tratado con Canadá dará a los productores europeos una de cal y otra de arena. En su opinión, el CETA tiene un «potencial positivo» y puede beneficiar a productos como los hortofrutícolas, quesos, galletas, aceites o derivados cárnicos. La organización agraria destaca además que dado que Canadá pertenece al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), el CETA puede mejorar el acceso de los productos españoles a EE. UU. o México.

Pero también advierte que Europa tendrá que ponerse «a la defensiva» con la ganadería, pues las concesiones a Canadá podrían tener negativo impacto en la producción comunitaria ya que se han acordado «generosos contingentes» de exportación.

Y como no podía ser de otra manera, la UE solo encuentra ventajas en este pacto, con el que, según dice, al desaparece derechos de aduana Europa podrá exportar sin pagar aranceles casi el 92% de sus productos agrícolas y alimenticios a Canadá, un mercado, señala Bruselas, «de consumidores con alto nivel de ingresos, que dará nuevas oportunidades productores y fabricantes».

El tiempo dirá quién tiene la razón.

Más información en el Suplemento Heraldo del Campo

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