Todavía no se han solucionado totalmente las incidencias que tantos quebraderos de cabeza han dado los pagos de la PAC de 2016 -incluso del año precedente- a Administración y perceptores y los agricultores y ganaderos ya tienen que rellenar, de nuevo, los cada vez más complejos formularios en los que se han convertido las solicitudes de las ayudas que llegan desde Bruselas.

Así, desde que comenzara el mes de febrero y hasta el próximo 30 de abril -si no hay prórrogas como sucedió el pasado año- unos 45.000 agricultores y ganaderos aragoneses -casi 800.000 en el conjunto de España- tendrán que declarar las prácticas agrarias y ganaderas exigidas por la UE para acceder a los más de 570 millones de euros -de los más de 4.000 que llegan a España- que suman las ayudas del régimen de pago básico, que incluye el pago verde, el régimen de pequeños agricultores y el complemento para jóvenes, así como las ayudas acopladas a determinadas producciones agrícolas y ganaderas.

Y por si la reforma de la política comunitaria no hubiera introducido suficientes modificaciones en 2015, este año también hay que estar atentos a los nuevos cambios «normativos», como los define el Ministerio de Agricultura, pero que, sin duda, suponen «otra vuelta de tuerca», como señalan las organizaciones agrarias, en un proceso «que ya está excesivamente burocratizado».

La nueva norma contempla cambios en cuatro reales decretos: el que regula los pagos directos, el que hace referencia a la asignación de derechos de pago, el que define el Sistema de Información Geográfica (Sigpac), y el que establece las normas de condicionalidad. Además, se deroga también el Real Decreto sobre las cesiones y reserva de derechos de prima de ovino y caprino y vacas nodrizas, porque con la reforma de la PAC estos derechos han desaparecido y, por lo tanto, carecía de sentido la continuidad de la norma.

Una de las modificaciones, la que ha estado más rodeada de polémica, es la que hace referencia a la figura de agricultor activo, un concepto reivindicado largamente por el sector agropecuario para lograr que las ayudas directas tuvieran como destino los bolsillos de los agricultores que trabajan la tierra o la granja. Se quería así sacar del sistema «a los agricultores de sofá o a los especuladores», en palabras de las organizaciones agrarias e incluso del propio Ministerio.

La reforma de la PAC que entró en vigor en 2015 hizo un amago para responder a esta demanda. Estableció lo que ya se conoce entre los perceptores como la regla 80/20, que, en román paladino, significa que los ingresos agrarios distintos de los pagos directos tienen que suponer, al menos, el 20% del total en el periodo impositivo disponible más reciente o en alguno de los dos periodos impositivos inmediatamente anteriores. Se establecía además una ‘lista negra o negativa’ que complicaba el acceso a las primas europeas a actividades difícilmente calificadas como agrarias o ganaderas, léase aeropuertos, servicios ferroviarios, abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios o instalaciones deportivas.

El toque de atención dado desde Bruselas y una sentencia del Tribunal Supremo son los motivos con los que el Ministerio que dirige Isabel García Tejerina justifica por qué se ha flexibilizado este concepto. La Comisión Europea, como el fallo del Alto Tribunal -que se basa en un contencioso administrativo de la Generalitat catalana-, entendía que para ser solicitante únicamente hay que demostrar que se ejerce actividad agraria. Una condición con la que se abre la puerta a las ayudas a aquellos perceptores que aún no cumpliendo la regla 80/20 están dados de alta el Sistema Especial para Trabajadores Agrarios y asumen algún riesgo empresarial en el sector. Un riesgo que tendrán que corroborar con facturas de pago de labores o compra de medios de producción. Eso sí, estos peticionarios estarán sujetos a un mayor control y más inspecciones que el resto de perceptores.

Por esta puerta pueden entrar también, siempre que dispongan de derechos, aquellas superficies hasta ahora incluidas en la lista negra si los pagos PAC que reciben suponen al menos el 5% de sus ingresos totales por actividades no agrarias.

Y aunque la modificación es sustancial porque descafeína la pretensión del sector de ir abriendo la brecha para que sean los profesionales agrarios los únicos destinatarios de las ayudas, lo cierto es que, según reconoce la consejería de Desarrollo Rural, no habrá grandes movimientos en cuanto al número de perceptores.

Aunque los cambios en la definición de agricultor activo parecen eclipsar otras modificaciones, no es la única de las novedades que salpican este año el cumplimiento de las exigencias que dan derecho al cobro de las ayudas. Estas son algunas de las más destacadas.

En la ganadería

En las ayudas asociadas, es decir aquellas que están vinculadas a la producción, se observa un cambio «significativo» -dicen las organizaciones agrarias- en las fechas de consideración de animales elegibles. Si antes el periodo comprendido era entre el 1 de enero y el 30 de diciembre, este año será desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017. Una modificación «para bien», aseguran los representantes del sector, que reconocen que de esta forma podrán agilizarse los pagos.

Además, en el caso del ovino y el caprino, se elevan los umbrales mínimos que permiten acceder a las ayudas. Así el mínimo de movimiento de corderos o cabritos pasa de 0,4 a 0,6 y se incrementa la producción mínima de leche, de 60 a 80 litros en ovino y de 100 a 200 litros en cabra. Para las ayudas de 2017 estos límites en el ovino y caprino se contabilizarán en referencia al año natural 2017, pero ya a partir del próximo ejercicio y siguientes se contabilizarán entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de la solicitud.

Ayuda Mínima

Con la reforma de la PAC que entró en vigor en 2015 se consideró que la ayuda mínima para poder solicitar las ayudas comunitarias tendría que ser en el primer año de 100 euros. Una cantidad que ha ido incrementándose en los ejercicios posteriores al considerarse que resulta más gravoso el coste de la tramitación que la prima que recibe el agricultor o ganadero. Por eso, en 2017 el umbral mínimo para percibir los pagos que llegan de Bruselas se eleva a 300 euros. No serán muchos los agricultores aragoneses que se vean perjudicados por esta modificación, aseguran desde las organizaciones profesionales.

Interés ecológico

El cumplimiento del ‘greening’, traducido también como pago verde, llega con matizaciones. Se exige que las superficies destinadas a barbecho u ocupadas por leguminosas no pueden haber estado destinadas el año anterior a producciones consideradas fijadoras de nitrógeno, esto es leguminosas grano para consumo humano o animal (judía, garbanzo, lenteja, guisante, habas y haboncillos, altramuz, algarroba, titarros, almorta, veza, yeros, alholva, alverja y alverjón), o leguminosas forrajeras (alfalfa, veza forrajera, esparceta y zulla). Pero existe ahora una matización. Esta limitación solo debe aplicarse si el cultivo fijador de nitrógeno sembrado el año anterior se hubiera computado como superficie de interés ecológico en el cálculo de la ayuda. Hay, además, dos nuevos productos dentro de este tipo de cultivos: la soja y el cacahuete, ambos con escasa, por no decir nula, presencia en la Comunidad aragonesa.

Cesión de derechos

Hasta ahora para ceder derechos de pago básico sin tierra, se aplicaba en todos los casos, un peaje. Con las novedades introducidas en la PAC de este año hay excepciones que se aplican en el caso de que dichos derechos procedan de expropiaciones agrícolas por parte de la Administración o provengan de procesos de concentración parcelaria. En ambas situaciones los agricultores que no puedan encontrar nuevas tierras para activar sus derechos podrán ceder los derechos sin coste alguno.

Ayudas asociadas

Los solicitantes de ayudas asociadas a determinados cultivos tienen que tener en cuenta las modificaciones con las que el Ministerio quiere mejorar la gestión de dichas subvenciones. Así, en los cultivos de arroz, cultivos proteicos y remolacha azucarera se exige ya no solo que se siembre semilla de variedades que se encuentren en el catálogo común de variedades de la UE o en el registro de variedades comerciales, sino que se establece que estas estén inscritas a fecha anterior o igual a 30 de marzo de 2017. Si cultiva tomate para la industria tenga en cuenta que se reduce a 20.000 el número mínimo de semillas a sembrar por hectárea necesario para recibir la ayuda. Una imposición que se justifica por el aumento del porcentaje de germinación de las nuevas variedades. Se prorrogan además durante un año las ayudas -cuatro millones de euros- a los frutos de cáscara.

Pequeños agricultores

En esta campaña, los pequeños agricultores, es decir aquellos que cuyo importe total de los pagos directos es inferior a 1.250 euros, podrán recibir derechos cedidos o heredados sin dejar de ser pequeños agricultores. Eso sí, no podrán activarlos ni acumularlos con los importes de los derechos, a no ser que renuncie a estar dentro del régimen simplificado.

Y como si de un guiño al necesario relevo generacional se tratara, las ayudas de la PAC que ahora se solicitan también tienen novedades para los agricultores jóvenes. Si hasta ahora cuando un joven agricultor participaba en una sociedad agrícola el pago complementario se reducía al porcentaje de su participación en la sociedad, ahora queda eliminada esta restricción y se permite que dicha sociedad cobre por la totalidad de la ayuda.

De todos estos detalles -y alguno más- tendrán que estar pendientes los 800.000 perceptores que el pasado año presentaron solicitudes de la PAC en toda España, de los que 45.000 son aragoneses. Y todos ellos esperan que los problemas del sistema informático, los cambios de última hora en el Sigpac, los controles o las temidas incidencias solo sean un mal recuerdo de campaña pasadas.

Todos a opinar en reunión de alto nivel o en encuesta ‘online’

Aún no se ha digerido la última reforma de la PAC y ya está sobre la mesa una nueva modificación, que amenaza con volver a llenar las agendas de los representantes institucionales de reuniones y negociaciones hasta nada menos que pasado 2022, fecha para la que está en vigor el texto aprobado en 2015.

La primera cita ya está concertada. Será en Madrid, los días 27 y 28 de marzo, en una conferencia de alto nivel cuya anfitriona es la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y en la que están invitados el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, y la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera. Se espera además la participación de los responsables del ramo de todas las comunidades autónomas, de todos los grupos políticos así como los representantes de todo el sector agrario.

El objetivo, como ha explicado la ministra, es que este primer punto de encuentro para el debate deje claro que el objetivo de España es presentar una posición clara de defensa de la PAC y trasladar a Europa el mensaje de que la política agraria comunitaria «debe seguir siendo un factor muy importante en la estabilidad de las rentas de los agricultores».

Hasta allí viajará el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, con su ambiciosa propuesta de reforma de la PAC bajo el brazo. Una propuesta que aboga por adaptar la política comunitaria a la realidad del siglo XXI en la que no tienen sentido ni razón ayudas ligadas a unos derechos adquiridos hace cinco lustros se trabaje o no la tierra o la explotación ganadera.

Olona reconoce, sin embargo, que queda camino por recorrer porque este encuentro de alto nivel es, por ahora, «un debate, no una negociación», ya que la actual PAC tiene vigencia hasta el próximo 2022.

La opinión de la sociedad

En esta futura reforma no solo van a opinar aquellos que llevan las riendas de la Comisión Europa o de los Estados miembros. El titular de Agricultura del Ejecutivo comunitario está empeñado en que toda la sociedad participe en el proceso y explique su parecer sobre una política que también afecta a sus bolsillos, para mal -como contribuyentes a los fondos comunitarios- y para bien -como beneficiarios también de unas ayudas que permiten a los consumidores adquirir los alimentos a precio asequibles-.

Por eso, la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública que tiene como objetivo modernizar y simplificar la política agrícola común para dar una mejor respuesta a los retos sociales, políticos, medioambientales y económicos de hoy en día, como explicó durante la presentación de la iniciativa el propio comisario Hogan.

Para participar, y puedan hacerlo agricultores, ciudadanos, organizaciones y cualquier persona interesada en hacer oír su voz sobre el futuro de la política agrícola común, solo hay que contestar un cuestionario disponible hasta el próximo 2 de mayo en la dirección https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP.

Los resultados de esta encuesta serán publicados en internet y presentados por el comisario Hogan en una conferencia que se celebrará en Bruselas en julio de 2017.

Más información en el Suplemento Heraldo del Campo