En el sector agrario, desde la Administración hasta los productores, nadie duda de que la viabilidad de las explotaciones apoya uno de sus pilares en el aseguramiento de las cosechas. Menos en una Comunidad como la aragonesa, en la que los negocios al aire libre, como los de la actividad agrícola y ganadera, conocen bien los devastadores efectos de los más variados caprichos del clima, desde el pedrisco a las heladas, pasando por las sofocantes temperaturas al airado cierzo, sin olvidar la sequía o las inundaciones.

Pero estar seguro no es una inversión menor. De hecho, para que el productor pudiera hacer frente al pago de unas pólizas de alto coste (debido tanto a los numerosos riesgos que cubre, como a la larga duración de dicha cobertura -todo un año- ), el sistema español, considerado el mejor del mundo, cuenta desde su creación con una subvención del Gobierno central, a través de Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), dependiente del Ministerio de Agricultura, que se completa con ayudas procedentes de las arcas de la consejería del ramo de cada autonomía.

Por eso, cualquier movimiento a la baja de estos recursos públicos desata la preocupación de los agricultores y ganaderos y la más airada reacción de las organizaciones profesionales que los representan. Es lo que sucedió a finales del pasado año. Incluso antes de que se aprobará el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2017, los sindicatos agrarios criticaron duramente la intención del Gobierno de recortar el 10% en la subvención para todas las líneas.

El «tijeretazo» supondría, según los representantes del sector, un encarecimiento de hasta el 35% de la parte de la póliza que sale del bolsillo del agricultor. Y justificaron sus críticas con cifras. «En una explotación tipo de 5 hectáreas de frutales en Aragón, una póliza que tuviera un coste total de 4.200 euros vería incrementado el mismo hasta los 4.700, es decir , 500 euros más», advertía UAGA-COAG. Desde UPA también se ejemplificaba el efecto del «salvaje» encarecimiento. «En una explotación de vacuno media (90 vacas) de un ganadero a título principal, el coste del seguro anual se cifra en unos 3.500 euros. Si descontamos la ayuda que percibió en 2016, el seguro le cuesta 1.408,21 euros, pero en 2017 ese coste ascenderá a 1.916,14 euros (un 36% más)», aseguraban.

Mientras, Asaja advertía de las nefastas repercusiones de esta decisión recordando que los recortes llevados a cabo por el Gobierno en este mismo capítulo durante 2013 desincentivaron hasta tal punto la contratación de seguros que el número de pólizas suscritas disminuyó hasta un 60% en cultivos como el viñedo.

Agroseguro, la aseguradora exclusiva de los seguros agrícolas formada por 28 compañías, reconoce que las pólizas resultarán mas caras durante esta campaña, y eso que insiste en que la firma ha mantenido los precios. Como las organizaciones agrarias, achaca este encarecimiento al descenso de las subvenciones. Pero incluye un matiz. «El Gobierno mantiene el presupuesto, es decir, los 211 millones del pasado año, lo que sucede es que en el anterior ejercicio se suscribieron muchas más primas, por lo que para garantizar el mantenimiento del nivel de subvenciones durante ese año fue necesario acudir a un crédito extraordinario de 56 millones que elevó la cifra a 267 millones», explica Juan Cruzán, delegado territorial de Agroseguro en Aragón.

Claro que, aunque sea lo mismo, no es igual. Porque, como Cruzán reconoce, a pesar de que el Ministerio vuelve a poner 211 millones de euros como hay que repartirlos entre un mayor número de asegurados el porcentaje de subvención inevitablemente se reduce. Y aunque esta cifra dependerá de cada póliza o cada línea, lo cierto es, asegura Cruzán, que el agricultor tendrá que desembolsar hasta un 20% más del dinero con el que la pasada campaña aseguró esa misma cosecha.

«Todo depende de cómo lo queramos ver. Podemos verlo en positivo y pensar que incluso en épocas de crisis y con la que está cayendo se mantiene el nivel global de ayudas. O se puede ver en negativo y decir que es un rebaja, pero lo cierto es que la diferencia se debe a la existencia de un crédito extraordinario que este año no parece posible poder añadir», insiste Cruzán. El director territorial de Agroseguro en Aragón ve la botella medio llena y señala que, además, el presupuesto aprobado confirma la apuesta del Gobierno por el sistema de aseguramiento, al que hay que añadir el «esfuerzo» de comunidades autónomas como la aragonesa, cuya aportación se mantiene en torno a los nueve millones de euros «de recursos propios», indica. Eso sí, considera que lo mejor sería que no hubiera esa fluctuación de recursos, ni grandes subidas ni, por supuesto, drásticas bajadas. «Lo deseable es la estabilidad», dice.

¿Habrá menos?

Cruzán explica que es pronto para detectar el impacto (a la baja) que el recorte de las ayudas tendrá en la contratación de este año. Pero tampoco espera cambios significativos. «Hemos hecho los seguros de cereal y es cierto que hay un descenso, pero si se compara con 2015 la contratación ha sido mayor», señala. Hay un motivo. Se llama percepción del riesgo. Los agricultores cierran sus seguros de cereal antes de Navidad, y el pasado año por estas fechas las condiciones climáticas hacían presagiar un auténtico desastre. Y subió la contratación. «Ahora la percepción es completamente diferente, los campos están muy bien y eso hace que haya menor sensación de riesgo. En consecuencia, hay un descenso del número de primas», destaca el director territorial.

En los frutales

No se espera tampoco un descenso significativo de la contratación en el sector frutícola, donde la penetración del seguro supera el 90%. Lo que puede suceder, reconoce Cruzán, es que se produzca una disminución de las coberturas. «Si hasta ahora se venía asegurando por ejemplo a 0,50, ahora probablemente se haga a 0,40», explica el director territorial de Agroseguro, que insiste en que no cree que haya caída en el número de hectáreas contratadas ni en agricultores que suscriben pólizas.

«Es que sin seguro agrario es muy difícil la actividad», puntualiza constantemente Cruzán, que recuerda las numerosas incidencias climáticas a las que están expuestas las explotaciones de la Comunidad. Con los datos en la mano señala que en 2016, un año históricamente bajo en siniestralidad, fueron 242 los municipios que declararon siniestros y sumaron más de 7.000 las hectáreas de frutales que reclamaron por daños. «Eso es mucho teniendo en cuenta que la superficie total asegurada era muy superior a la del año anterior», puntualiza.

Pero Cruzán explica que lo cierto es que hay líneas en las que la percepción del riesgo es menor, en las que tal vez al seguro le falte adecuarse a la necesidad del agricultor, e incluso explotaciones donde no se hace tan necesaria esta cobertura porque tiene el apoyo PAC o se trabaja a tiempo parcial. «Quizá estas líneas puedan verse más afectadas por el descenso de las subvenciones», reconoce, aunque insiste en que «con carácter general», todos los productores -y además están convencidos de ello- necesitan esta herramienta, porque las inversiones son fuertes, los márgenes muy ajustados y los precios no garantizan que el desastre de una campaña se pueda compensar con las ventas de la siguiente.

A pesar del malestar que la decisión del Ministerio ha creado entre las organizaciones agrarias, el director de Agroseguro se muestra convencido de que «no hay una tendencia a la baja» en la asignación presupuestaria del programa. «Los seguros son la perla de la corona del Ministerio de Agricultura. Esto es política nacional», señala Cruzán, que recuerda que incluso las organizaciones agrarias han focalizado sus prioridades en dos reivindicaciones: la PAC y los seguros.

Los cambios que vienen

«Con ese nivel de consenso parece impensable no creer en la apuesta de las administraciones y de todo el sector por este sistema», señala Cruzán.

Hay también otras ‘pistas’ que permiten augurar que el seguro agrario tiene futuro. Se comienza a hablar, señala el director territorial, del seguro de rentas, similar al establecido ya en la Farm Bill (algo así como la PAC de Estados Unidos). Y no solo lo hace el Ministerio que lidera Isabel García Tejerina. También en Bruselas este tipo de cobertura ha dejado de ser un tabú y comienza a abrirse el camino para un futuro aseguramiento que garantice los ingresos de las explotaciones ante una caída brutal y coyuntural de los precios.

«¿Cómo será?», se pregunta Cruzán. «Eso habrá que hablarlo, teniendo siempre en cuenta que no podrán asegurarse situaciones endémicas, o, por ejemplo, solo una variedad», responde a renglón seguido.

Queda mucho por recorrer hasta llegar a esa meta, muy demandada por el sector agrario, que, mientras, insiste en la necesidad de preservar, cuando no aumentar, el presupuesto destinado a un sistema de aseguramiento cuyo nacimiento se remonta a 1987 y con el que España ha sido ejemplo para todo el mundo.

Una siniestralidad que hizo historia

A finales de 2015, cuando comenzaba el plazo para la contratación de los seguros del cereal, los agricultores aragoneses se temían la peor de las cosechas. Apenas había llovido y el fantasma de la sequía sobrevolaba los campos recién sembrados. Sabedores de los daños que la ausencia de lluvia produce sobre las tierras de secano, los productores se lanzaron a la contratación de coberturas que garantizasen una renta mínima por si el clima continúaba negándoles la lluvia.

Esta percepción de riesgo incrementó la contratación de pólizas de seguro, de tal manera que durante 2016 se firmaron 39.636 pólizas (un 6,52% más que el año anterior), que cubrían los posibles daños (meteorológicos pero también por plagas o fauna cinegética) que pudieran sufrir un total de 865.615 hectáreas, lo que suponía un incremento del 16,13% respecto a la campaña anterior.

Pero 2016 sorprendió para bien. Ni la sequía fue tan voraz -excepto en aquellas zonas en las que el problema parece haberse cronificado-, ni hubo devastadoras tormentas de pedrisco -aunque algunas explotaciones no pudieran escapar a los efectos del granizo-, ni las temperaturas bajaron con tanta intensidad como para helar un volumen destacado de producciones. Así fue como el pasado año consiguió anotarse un récord histórico: el de menor siniestralidad conocido desde que se tienen estadísticas.

De hecho, el número de hectáreas reclamadas a Agroseguro rozó las 68.622. Tan solo un año antes la cifra se había disparado a 152.000 y en 2014, el numero de reclamaciones destapó daños en nada menos que 173.000 hectáreas. «La siniestralidad del pasado año fue históricamente baja, el número de hectáreas afectadas estuvo por debajo de la media habitual en la Comunidad que se sitúa en las 100.000 hectáreas», explica Juan Cruzán, director territorial de Agroseguro en Aragón.

El pedrisco y la sequía fueron los riesgos que más afectaron a los cultivos aragoneses, una tónica que se repitió también en el resto de España. De hecho, el número de hectáreas reclamadas por los efectos del granizo ascendió a algo más de 21.000 hectáreas, una superficie similar por la que reclamaron pérdidas por sequía (20.232 hectáreas).

«El pedrisco se está haciendo el rey», señala Cruzán, que recuerda que lo habitual es que este fenómeno atmosférico se produjera durante los meses de verano, esencialmente en agosto y alguna vez en julio. «Ahora -señala el delegado territorial- los pedriscos aparecen en mayo e incluso en abril y no solamente llegan antes en el tiempo sino que además cuando caen lo hacen con una gran virulencia». También las sequías se han hecho más persistentes, señala Cruzán, que reconoce que tal vez el cambio climático exija en un futuro no muy lejano una adaptación del seguro agrario.

Más información en el Suplemento HERALDO DEL CAMPO