Los regantes de la ribera baja han llevado a los tribunales al Ministerio de Medio Ambiente para exigirle que pague los daños que les causó la riada del Ebro de enero de 2013. El Sindicato Central de la Presa de Pina y otros 32 particulares han interpuesto sendos contenciosos que en total suman tres millones de euros y que en primera instancia serán resueltos por la Audiencia Nacional y por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. No obstante, es muy probable que parte de ellos acaben en el Tribunal Supremo tanto por sus cuantías como por la trascendencia que tiene el litigio –si les dan la razón, a estas reclamaciones podrían seguirles muchas otras–.

En cualquier caso, serán los jueces los que diriman si el Estado es responsable de las pérdidas que provocó aquella avenida. Los demandantes aseguran que sí y las achacan a que la Confederación Hidrográfica del Ebro ni limpió el cauce del río ni hizo un correcto mantenimiento de las defensas. Por su parte, el Ministerio niega cualquier responsabilidad y alega que la CHE no solo no causó los daños, sino que los redujo porque gracias a los embalses logró evitar que la riada fuera extraordinaria.

La avenida del Ebro deenero de 2013 llegó hasta los 2.235 m3/s en Castejón y hasta los 1.876 m3/s en Zaragoza, lo que significa que, por muy poco, fue una riada ordinaria. Sin embargo, la magnitud de las afecciones que provocó colmó la paciencia de los regantes de la ribera baja, que hartos de lo que consideran una "pasividad absoluta" de las administraciones decidieron plantear una batalla legal para que la CHE les indemnizara.

En octubre de aquel año, el Sindicato Central de la Presa de Pina, entidad que a su vez agrupa a cuatro comunidades de regantes de Fuentes, Quinto, Pina, Nuez y Villafranca, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Confederación valorada en 1,9 millones de euros. Además, unos 270 agricultores se sumaron a la iniciativa presentando otras tantas reclamaciones particulares que sumaban 3,1 millones más, lo que elevó el importe exigido a la CHE hasta los 5 millones.

Desde el año 2012, la competencia para resolver las demandas de responsabilidad patrimonial no la tienen las confederaciones, sino que recae en el Ministerio. Por eso, aunque la CHE hizo un informe jurídico en el mismo sentido, fue la Secretaría Técnica de Medio Ambiente la que denegó expresamente las reclamaciones de los particulares y desestimó por silencio administrativo la del Sindicato Central de la Presa de Pina.

Sin embargo, esta negativa no ha amilanado ni a la comunidad de regantes ni a una treintena de agricultores, que como anunciaron desde un principio han acudido a los tribunales presentando contenciosos contra la denegación de sus reclamaciones.

Los particulares, representados por el abogado Carlos Ibáñez Fandos, han interpuesto 25 demandas ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid y otras 4 que, al superar los 30.000 euros, se han tenido que presentar en la Audiencia Nacional. A esas iniciativas, que en total suman 748.602 euros, hay que sumarles tres recursos más de distintos grupos empresariales que reclaman otros 350.000 euros y el contencioso de 1,9 millones del Sindicato Central de la Presa de Pina, que dispara el importe de todos los litigios hasta los 3 millones.

El letrado del sindicato y de los tres grupos empresariales, José Manuel Bolea, sostiene que la Confederación es responsable de la degradación del dominio público hidráulico y, por tanto, de las alteraciones que sufra y que sean perjudiciales para el entorno –en este caso, de la acumulación de gravas y maleza en el cauce–. Además, considera que la CHE mantuvo una actitud de "prolongada pasividad" ante las peticiones de limpiar el río que el sindicato hizo antes de la avenida de 2013.

A estas razones, Bolea suma la de que hubo "falta de mantenimiento" de las defensas por parte del organismo de cuenca, lo que según los demandantes provocó que las motas sufrieran "enormes" deficiencias y roturas ante una avenida ordinaria. También destaca que el Consejo de Obras Públicas resaltó en un dictamen que, dada la extensión de la inundación observada durante la riada, "cobra verosimilitud" la teoría de que la acumulación de gravas y maleza causó una "sobreelevación" de la lámina de agua.

Por su parte, los servicios jurídicos del Ministerio rechazan las pretensiones de los regantes argumentando que la mayoría de las infraestructuras dañadas están dentro del dominio público hidráulico probable (DPHP) y, por ello, los perjudicados tienen que soportar los daños de las riadas.

Además, Medio Ambiente niega que el cauce del Ebro y las defensas estuvieran en malas condiciones;recuerda que, en cualquier caso, la doctrina del Consejo de Estado establece que mantener la sección de desagüe de los ríos no es competencia de las confederaciones;destaca que gracias a la labor de laminación realizada por la CHE mediante los embalses se evitó que la avenida fuera extraordinaria; y subraya que en las reclamaciones de los regantes no se detalla qué actuaciones concretas dejó de hacer la Confederación.