Ni Aragón tiene derecho a garantizarse el uso exclusivo de agua del Ebro ni tampoco la DGA puede estar mandatada para "evitar" trasvases a otras cuencas. Al menos, eso piensa el Gobierno central. El Consejo de Ministros recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional la recién estrenada ley de Aguas de Aragón. El Ejecutivo considera que la norma de 2014 habría otorgado "a Aragón competencias exclusivas" que solo corresponden Estado, en especial las que se refieren a aguas de la Cuenca del Ebro.

La decisión del Consejo de Ministros conlleva un fuerte quebranto en los derechos hídricos que habían asignado las Cortes a la DGA, en especial la gestión y control de la reserva hídrica de los 6.550 hectómetros cúbicos que reconoce el Estatuto a Aragón. Al menos cinco de los 28 puntos recurridos al Tribunal Constitucional hacen mención a esta reserva. Todos quedan anulados desde ayer y hasta que el Constitucional dicte sentencia, lo que no sucederá antes de 18 meses. Durante todo este tiempo, ni la DGA en su conjunto ni el Instituto Aragonés del Agua en particular (la ley le asignaba numerosas competencias que antes no le correspondían) podrán asumir ninguno de esos preceptos.

El Gobierno considera que Aragón no tiene derecho a la "gestión del agua reservada" y que tampoco tiene derecho a crear "un registro de aguas" ni a decidir a quién se le asignan los 6.550 hectómetros cúbicos a los que tienen derecho los aragoneses, según el Estatuto. El desacuerdo llega al extremo de que el Consejo de Ministros considera inconstitucional hasta la definición que la ley aragonesa hace del concepto de "reserva hídrica".

Además, el Gobierno central ha recurrido que una de las funciones de "los poderes aragoneses" sea "evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte Aragón".

Por último, el Ejecutivo también ha pedido la anulación del derecho que la ley de 2014 otorgaba al Instituto Aragonés del Agua para emitir un "informe preceptivo" sobre todos los temas hídricos que considerasen que podían afectar "a los intereses de Aragón". Este instituto, que desde su creación se ha considerado un órgano político, es el principal damnificado del recurso estatal.

El recurso llega después de que el Gobierno central le propusiese a la DGA una redacción alternativa de la ley y que esta no la aceptase. "Aragón no va a renunciar a la reserva hídrica bajo ningún concepto", advirtió el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona. Este responsable autonómico aseguró además que "el recurso no pone en riesgo las competencias que la DGA ejerce a través del Instituto Aragonés del Agua" y dejó claro que no cederán ante el Gobierno central. "Tendrá que decidir el Tribunal Constitucional", manifestó.