El portavoz adjunto del PP, Jorge Azcón, advirtió ayer de que la ciudad no podrá abandonar los próximos meses el plan de ajuste –"y eso si no es necesario hacer uno nuevo"– y lamentó que el crédito que solicitará el Consistorio para afrontar el pago de las sentencias firmes pendientes "tendrá un coste en intereses de unos 6 millones de euros, que saldrán del bolsillo de todos los zaragozanos".

Según el plan de pago de la deuda, las posibilidades de inversión eran de 38,2 millones en 2016, 37 millones en 2017 y otros tantos en 2018, pero estas cantidades "ahora se consumirán con los créditos de 90 millones que pretende solicitar el Gobierno de Zaragoza", afirmó Azcón. El alcalde Santisteve anunció el jueves que el Ayuntamiento tendrá que acudir al Fondo Impulso del Ministerio de Hacienda para pagar en dos años las sentencias firmes de contenciosos, después de conocer los primeros datos de la auditoría financiera encargada por el gobierno.

Azcón acusó a PSOE, CHA e IU de "no solo ocultar facturas en los cajones sino también sentencias" y apuntó que el PP ya había advertido de "la deficiente dotación de partidas de adquisición de suelo" en sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos de 2013, 2014 y 2015. Los populares calculaban entonces que el agujero sería de 15 millones, y aseguran que los 90 se podrían haber conocido antes de prosperar las comisiones de investigación sobre los intereses de demora que solicitaron en 2013.

El edil lamentó que "ZEC ha heredado los vicios del PSOE en materia de transparencia" y denunció que el expediente no incorpora ni las sentencias ni un estudio sobre el valor de la operación. El PP calcula que solo en intereses bancarios costará unos 6 millones a los zaragozanos, "y nadie ha explicado hasta el momento de dónde se va a sacar el dinero ni a qué partidas se lo van a quitar".