ZEC revisará la gestión económica del PSOE con una auditoría que estará lista en septiembre

El concejal de Economía y Cultura y portavoz del gobierno municipal de ZEC, Fernando Rivarés, insistió en que el citado informe debe reflejar "fielmente" la situación de las arcas municipales. "Hay cosas que no sabemos que deben aflorar", avisó Rivarés. Y detalló los puntos específicos que debe incluir. El más importante a corto plazo es el estado de la ejecución del presupuesto municipal, con el gasto comprometido a 30 de junio de 2015.

Pero no se quedará solo ahí. Rivarés señaló que la auditoría debe "acreditar que las partidas presupuestarias son suficientes para hacer frente a los pagos comprometidos", es decir, si existen partidas infradotadas en el presupuesto, una práctica habitual durante los últimos años. También se analizarán todas aquellas obligaciones de gasto adquiridas en los últimos ejercicios y que se aplicarán en 2015. Rivarés calificó estas facturas de "rémoras que pasan de un año a otro".

En este sentido, explicó que se quiere analizar la situación de todas las sentencias firmes que hay que abonar, además de todos aquellos procesos judiciales que estén abiertos, por ejemplo en materia de suelos o contratos, y en los que haya riesgo de sufrir un varapalo económico. Rivarés citó dos casos que debe asumir a corto plazo el gobierno municipal. Uno es el pleito con las empresas adjudicatarias de los barrios rurales (3,5 millones) y otro es una expropiación en la avenida del Puente del Pilar, que puede superar los 10 millones de euros.

Por último, indicó que la auditoría analizará el grado de cumplimiento del plan de ajuste, así como de la regla de gasto y de la normativa de morosidad. Afirmó que en este trabajo de fiscalización no se va a incluir la auditoría a las contratas anunciada por el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero. Explicó que la situación de las concesiones "se revisará una por una".

Además de la cuestión de la auditoría interna, el responsable de las arcas municipales anunció que ha dado instrucciones para que "en el plazo de 30 días toda factura municipal sea rechazada o confirmada" y que también en el plazo de 30 días "la obligación reconocida esté pagada". Con la medida Rivarés afronta uno de los problemas del Ayuntamiento, que es el de las facturas en los cajones e incluso las que están ‘en el limbo’ al no haber superado ningún trámite de reconocimiento. No aclaró la capacidad que la tesorería para pagar. "Zaragoza tiene suficientes recursos para hacer frente a los pagos conocidos", dijo.

A la hora de abonar la contribución urbana, los contribuyentes ya no podrán contar con bonificaciones, al acabar el plazo legal de tres años para aplicarlas. Por eso, el aumento que ha registrado desde 2013 la base del impuesto disparará el recibo en 2016 con porcentajes superiores al 27% si no hay ninguna medida correctora.

Rivarés defendió que el Gobierno central autorice la ampliación del periodo de bonificaciones "tres o cuatro años" y le exigió que "no se enroque en su política de maltrato" a los ayuntamientos. También advirtió que el Ayuntamiento puede bajar el tipo impositivo para compensar la subida, pero añadió que "casas de cierto postín" podrían ver cómo pagaban "5 o 10 euros menos", mientras que "las de los trabajadores abonarían hasta 100 euros más". Este efecto se produce porque en 2013 PSOE, CHA e IU acordaron reducir el nivel de bonificación conforme aumentaba el valor catastral. En cualquier caso, rechazó aumentar la presión fiscal.