Cataluña pide más del doble del caudal ecológico previsto para el delta del Ebro

Presentará alegaciones al plan hidrológico, mientras los regantes se oponen a cualquier aumento.

Cataluña quiere duplicar e incluso triplicar, en función de las circunstancias, el caudal ecológico del delta del Ebro previsto en la revisión del plan hidrológico de esta cuenca. Por ello, presentará alegaciones dentro del periodo de información pública del documento, que concluye el próximo martes 30. Así se acordó el jueves en la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro. Desde sindicatos agrarios como UAGA y desde la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro ya han rechazado estas pretensiones, que al menos suponen una rebaja respecto a los caudales exigidos durante la tramitación del actual plan.


En él se fijaba un mínimo de 100 metros cúbicos por segundo, mientras que la revisión lo eleva a una media de 107 (de los 80 durante el periodo de estiaje a los 150 en el deshielo), lo que en términos anuales significa pasar de los alrededor de 3.000 hectómetros cúbicos anuales a unos 3.400, según explicó César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón y vicepresidente de los regantes del Ebro.


Frente a estas cifras, Cataluña reclamará un caudal garantizado que en años de sequía se sitúa en los 5.871 hm3 anuales, mientras que aspira a llegar a los 9.907 en los húmedos. No obstante, se trata de un volumen notablemente inferior al exigido por la Generalitat en el actual plan, que pasaba por reservar nada menos que 7.305 hm3 en los años secos, 9.691 en los normales y 12.783 en los años húmedos.

Argumentos de la Generalitat

En un informe sobre la incidencia del plan hidrológico en el delta elaborado el pasado abril por la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad de la Generalitat, se apunta la necesidad de un caudal de entre 159 m3/s y 223, y se advierte de que de no modificarse el plan, se podría producir "una alteración severa del estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en los mencionados espacios naturales protegidos".


Finalmente, Cataluña propondrá que el volumen mínimo garantizado oscile entre los 186,3 m3/s en los años secos y 314 para los húmedos. Y aunque en la Comunidad vecina el resultado de la reunión de la Comisión para la Sostenibilidad se ha vendido como un acuerdo histórico entre el Ejecutivo, los ecologistas y los regantes –que hasta ahora mantenían importantes diferencias–, lo cierto es que estos últimos no se pronunciaron ni a favor ni en contra, y tampoco el representante del Ministerio de Medio Ambiente se adhirió al acuerdo. De hecho, el Gobierno central tuvo que salir al paso de las informaciones que hablaban de su voto afirmativo. Fuentes ministeriales aclararon que no hubo respaldo a la propuesta de alegaciones "porque no ha existido una votación formal".


Pese a la rebaja en sus antiguas demandas, las cifras planteadas seguirían condicionando los usos actuales del agua del Ebro en toda la cuenca. César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón y vicepresidente de los regantes del Ebro, afirmó ayer que de satisfacer las exigencias catalanas, "los años secos ni siquiera se podría beber", por lo que avisó de que no apoyarán la revisión del plan hidrológico "con un litro más por segundo que se quiera reservar al delta". Y aprovechó para criticar los actuales caudales ambientales del Ebro, que calificó de "muy abusivos":"Es bestial, no se dan en ningún otro río del país", añadió. De hecho, Trillo afirmó que en el Ebro la asignación anual media para este fin es del 18% del volumen total, y en el resto, salvo el Duero, apenas llega al 3 o 4%.


Por su parte, UAGA también mostró su rechazo frontal a las pretensiones de Cataluña al considerar que "atenta contra la unidad de gestión de la cuenca del Ebro". "Ni los hechos diferenciales ni los legítimos intereses de los territorios deben ser motivo de fragmentación de su gobernanza", añadieron, al tiempo que reprocharon "el uso electoralista y en ocasiones demagógico" que se hace del agua.


Concluido el periodo de exposición pública, la CHE contestará las alegaciones y elaborará un informe que se votará en la Consejo del Agua de la cuenca, y luego hará lo propio el Consejo Nacional del Agua. Después, el Ministerio de Medio Ambiente lo remitirá al Gobierno para la aprobación definitiva, previsiblemente antes de fin de este año, en Consejo de Ministros.

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