Detenidos 3 empresarios y 30 trabajadores por defraudar 288.000 € con contratos falsos

Daban de alta a trabajadores –que luego no realizaban ninguna actividad real– para que consiguieran prestaciones sociales, subsidios por desempleo o el permiso de residencia en España en el caso de ciudadanos de origen extranjero. Y todo ello a cambio de recibir una contraprestación económica por estos falsos contratos. Este era el modus operandi de dos empresas fantasma radicadas en la ciudad de Huesca, una dedicada a servicios de limpieza y otra a la recogida de chatarra, que en poco más de un año tramitaron el alta de 73 empleados llegando a defraudar 288.000 euros a las arcas públicas de la Seguridad Social, además de otros 18.000 a una mutua de accidentes.

Esta operación llevada a cabo por agentes de la Unidad Territorial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Huesca, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, el Servicio de Empleo Público Estatal, la Tesorería de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de Huesca, así como la Unidad Territorial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Lérida, se ha saldado con la detención de 3 empresarios y de 30 trabajadores. Además, otras 43 personas que también se beneficiaron supuestamente de este engaño han sido denunciadas y en su caso se enfrentan a una severa multa.

Según explicaron ayer fuentes de la comisaría oscense, los empresarios arrestados tenían relación entre ellos ya que, por una parte, un matrimonio había creado una empresa ficticia de limpieza mientras que el administrador de la otra sociedad fantasma, dedicada supuestamente a la recogida de residuos no peligrosos, había sido antes ‘trabajador’ de la primera empresa y se había convertido en un alumno aventajado ya que después de aprender la forma de perpetrar el fraude, se había constituido como autónomo para dar de alta a más personas con la misma finalidad delictiva.

Las investigaciones policiales han permitido determinar que la empresa dedicada supuestamente a la limpieza de naves industriales y viviendas particulares dio de alta a 46 trabajadores, todos ellos con contratos de trabajo indefinido, a jornada completa e incluso asignándoles el grupo de cotización correspondiente a Ingenieros y Licenciados, un nivel de titulación que no ostentaban.

Esta sociedad mercantil llegó a tener dados de alta a 27 trabajadores en el mismo mes para realizar labores de limpieza en casas particulares, granjas u otras instalaciones, trabajos que nunca se efectuaron. Además, dos de ellos eran extranjeros que gracias a estos contratos tramitaron su autorización para residir en España.

Un total de 22 personas llegaron a cobrar ayudas asistenciales (prestaciones o subsidios) por valor de 52.572 euros. Además, el matrimonio de empresarios generó en 14 meses una deuda con la Seguridad Social por valor de 147.226 euros por no abonar las cuotas de los trabajadores que había dado de alta. En total, la Policía calcula que defraudaron a las arcas públicas 199.798 euros.

A ello hay que añadir los 18.600 euros que presuntamente también estafaron a la mutua que tenían contratada por las prestaciones que recibieron dos falsos empleados que simularon una incapacidad temporal, alegando una enfermedad no laboral.

Mientras, la segunda firma investigada simulaba dedicarse a la recogida de chatarra y en 10 meses dio de alta a un total de 27 supuestos trabajadores también con contratos indefinidos, a jornada completa y que expiraban con despidos por baja no voluntaria.

Las investigaciones permitieron demostrar que las actividades declaradas eran inexistentes y que las cantidades que debían haber abonado a la Seguridad Social y las nóminas que tenían que haber cobrado los trabajadores superaban con creces el importe que obtenían de la venta de la chatarra que supuestamente recogían. El empresario generó en 8 meses una deuda con la Seguridad Social de 89.193 euros. Además, 5 trabajadores lograron la autorización para recibir prestaciones, por valor de 44.730 euros, aunque al final no las cobraron.

Los 33 detenidos pasaron a disposición del Juzgado nº 1 de Huesca, que dictó su puesta en libertad con cargos por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa y falsedad documental.

La operación está enmarcada en el convenio de colaboración entre los Ministerios de Empleo y de Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.