El Justicia tramita decenas de quejas por dependencia sin respuesta de la DGA
?La institución no puede dictar las sugerencias pertinentes ante el silencio administrativo.
En 2014, llegaron un centenar de protestas.
Cuando un ciudadano eleva una demanda ante el Justicia, este evalúa la situación y solicita, en este caso al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, la documentación pertinente para poder tramitar la queja y emitir una sugerencia. Según afirman desde la institución, Sanidad no ha respondido a sus peticiones salvo en aquellos casos en los que el Instituto Aragonés de los Servicios Sociales (IASS) ha solicitado el reintegro de las prestaciones económicas indebidamente percibidas. La respuesta fue que pueden devolverlo a plazos.
Los retrasos en las respuestas se demoran durante meses y, en algunas ocasiones, el Justicia ha emitido hasta seis solicitudes de información. Es el caso de A. C. A., una dependiente de 82 años que, tras cambios en su estado de salud, ingresó en una residencia sin que el IASS abonara la parte correspondiente del copago. Su hija presentó varios escritos ante la Dirección Provincial de Servicios Sociales en los que señalaba que la DGA le debía a su madre 4.644 euros.
Al no recibir noticias, en octubre del año pasado se puso en contacto con el Justicia de Aragón, quien solicitó información al Gobierno en noviembre y en diciembre, sin contestación. En enero de 2015, la Administración reconoció a esta institución que, en efecto, se le debía dicha cuantía a A. C. A., pero no precisó en qué momento se le realizaría el pago. En febrero, marzo, abril y el pasado 21 de mayo, la Oficina volvió a pedir información sobre la situación del expediente de la octogenaria, sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento.
El primero de los expedientes se abrió en enero y la DGA solicita la devolución de 336 euros. En el segundo, de febrero, la deuda es de 391 euros y se generó por una rebaja de grado con la que los progenitores del afectado no están de acuerdo. La última queja, recibida en abril, afecta a un joven con una minusvalía del 100%. El beneficiario pasó de cobrar 500 euros de prestación a 166 y desde el IASS solicitan que devuelva 5.249 euros por los ingresos recibidos entre 2012 y 2015, siendo que la notificación del Programa Individual de Atención se comunicó en 2013.
