El TSJA decide que Blasco sea juzgado por un cohecho que pudo reportarle 650.000 €

El fiscal también imputaba al exdiputado del PAR por lograr contratos de la multinacional Mondo para su sociedad cuando era concejal de Deportes, pero el tribunal lo ha desestimado.

El hasta hace poco diputado del PAR en las Cortes de Aragón Manuel Lorenzo Blasco será juzgado por un Tribunal Popular por un presunto delito de cohecho que, según el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía, pudo reportarle 650.000 euros. Así lo ha decidido la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al entender que el encausado pudo simular la venta de unas fincas rústicas que tenía en Borja para encubrir el pago de una importante dádiva. El tribunal ha confirmado también la imputación por cohecho contra los hermanos José y Luis Agustín Andrés, dos empresarios a los que Blasco supuestamente habría ayudado a conseguir una lucrativa permuta urbanística en Zaragoza en 2006 y que fueron quienes le pagaron los 650.000 euros por las tierras.


La investigación que finalmente sentará en el banquillo al aragonesista fue instruida por el magistrado del TSJA Javier Seoane, ya que Manuel Lorenzo Blasco ostentaba la condición de aforado. Además de por la permuta del colegio de San Andrés y la sospechosa contraprestación recibida por su supuesta labor de mediación a favor de sus propietarios, el juez imputó al también exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza por dos contratos que la multinacional de material deportivo Mondo Ibérica adjudicó a una sociedad de la que era único propietario. La Fiscalía mantenía que la empresa encargó esos trabajos –en los campos de fútbol de Ejea de los Caballeros y Orcoyen (Navarra)– a la sociedad de Blasco "en consideración" al cargo que este desempeñaba en el consistorio zaragozano, que contrataba entonces habitualmente con Mondo Ibérica para equipar instalaciones municipales. Sin embargo, concluidas las pesquisas sobre estos contratos bajo sospecha, el magistrado instructor optó por no mantener los cargos ni contra Blasco, ni contra su hijo, ni contra el director general de la multinacional en España (ya que estos dos últimos también habían sido imputados).

El fiscal y las defensas recurrieron

El auto dictado el pasado 4 de marzo por el juez Javier Seoane concretando quién iba a ser juzgado y por qué, no satisfizo a ninguna de las partes, que recurrieron la decisión por distintos motivos. En pleno trámite de los recursos, la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, disolvió las Cortes autonómicas, lo que hizo perder a Blasco la condición de aforado.Seoane tuvo que inhibirse entonces para que un juzgado de la Ciudad de la Justicia se hiciera cargo del caso y continuará su tramitación. Pero surgió entonces la duda de quién debía resolver los recursos que ya se habían presentado: si la Audiencia Provincial o la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.Consultadas las partes, todas, salvo el abogado del Estado, se pronunciaron a favor de que la cuestión la resolviera el Tribunal Superior. Yeso ha sido lo que ha ocurrido.


La Sala, con el presidente del TSJA, Manuel Bellido, a la cabeza, ha rechazado en su integridad el recurso de la Fiscalía –que pedía que se anulara el sobreseimiento de la parte de la investigación relacionada con los contratos de Mondo Ibérica– y la mayor parte de las peticiones de las defensas. En el caso de Blasco, aunque se propuso el archivo de todas las actuaciones, el tribunal considera que deberá ser un Jurado Popular quien se pronuncie sobre los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales que se atribuyen al exdiputado autonómico del PAR. Lo que sí ha logrado su abogado, Enrique Trebolle, es que la Sala anule la imputación por negociaciones prohibidas a los funcionarios en la parte relativa a Mondo Ibérica, puesto que los contratos se desarrollaron en Ejea y Navarra y "no era el ámbito en el que el encausado ejercitaba su actividad pública".


El letrado de los hermanos Agustín, Juan Monclús, también ha conseguido que se les retire la imputación por delito fiscal como cooperadores necesarios.