El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) acaba de dar un año de plazo a la concesionaria del tranvía de Zaragoza para que retire todos los escombros generados durante las obras, que dos años después de su finalización siguen acumulados en una parcela municipal situada junto al estadio Miralbueno El Olivar, en el polígono Argualas. Allí se amontonan entre 150.000 y 200.000 toneladas, según los cálculos de técnicos cercanos a las empresas que construyeron el tranvía, FCC y Acciona.

Esta cantidad ingente de residuos inertes, que se empezaron a acopiar en el año 2009 con el objetivo de triturarlos y reutilizarlos en las propias obras, se deben "entregar" al adjudicatario del servicio público de valorización y eliminación de residuos de construcción y demolición de Zaragoza "en un plazo máximo de 12 meses". Así se fija en una resolución del Inaga fechada la semana pasada y ya comunicada al Ayuntamiento y a la propia concesionaria del tranvía, lo que implica trasladar las más de 150.000 toneladas hasta un vertedero autorizado.

La concesión está en manos del grupo aragonés MLN, que mantiene sendos vertederos en Bárboles y Alfajarín. Son los únicos que siguen abiertos en Aragón tras las renuncias de los de Cinco Villas y Huesca y el fracaso de los otros tres previstos en la Comunidad.

Con las tarifas vigentes, aprobadas por la Administración autonómica y que se actualizan anualmente, el coste del tratamiento de la tonelada de este tipo de escombro limpio está fijado en 3,72 euros. Por tanto, la constructora del tranvía debería desembolsar hasta 744.000 euros solo por el canon de vertido, a lo que habría que sumar los costes del transporte (entre 2,5 y 3 euros la tonelada, sin incluir el IVA) y los de la manipulación (0,5 euros por tonelada), que aún dispararán más el importe de la factura. De esta forma, el importe superará con creces los 1,5 millones.

La UTE del tranvía optó por contratar en septiembre de 2009 con Sudismin el tratamiento de sus residuos, aunque esta empresa perdió a finales de ese mismo año la autorización de la DGA y tuvo que acabar recurriendo al único gestor oficial, MLN.

Como informó este diario, los planes de la UTE del tranvía pasaban por reutilizar la mayor parte de los escombros generados durante la primera fase de la línea (ejecutada entre el verano de 2009 y finales de 2010) en la posterior, lo que llevó a triturar todos los materiales ya acopiados entonces en la citada parcela municipal situada en la trasera del estadio de El Olivar. Para ello, solicitó permiso al Inaga y tramitó la preceptiva licencia municipal para instalar una planta temporal de gestión de residuos.

Los cascotes de obra que allí se apilaron durante la primera fase se convirtieron en una inmensa montaña de zahorras, como se denomina a los áridos no triturados utilizados en las obras y, especialmente, en los firmes de carretera. Así acabaron las gigantescas vigas de recubrimiento del Huerva que fueron sustituidas y todo el asfalto y hormigón que se picó a lo largo de la traza del tranvía.

Lo que ya no podrá hacer Los Tranvías de Zaragoza es vender parte de los escombros triturados como áridos reciclados a fabricantes de materiales de construcción, promotores o constructores, tal y como se planteó en un informe a propuesta del propio Inaga a finales de marzo. Sin embargo, las alegaciones que presentó el grupo MLN llevaron a impedir finalmente a la concesionaria a hacer negocio con los escombros, ya que en la autorización que se concedió en su día era exclusivamente como autogestor para reciclar los residuos triturados en la propia obra.

La resolución del Inaga obliga igualmente a Los Tranvías de Zaragoza a retirar el vallado perimetral de la parcela, "incluyendo la cimentación de los postes y la entrega de los residuos resultantes a un gestor autorizado".

El desmantelamiento se extiende a la demolición y retirada antes de junio de 2016 de "todos los elementos de hormigón" que fueron necesarios construir en la parcela, así como la red de abastecimiento de agua que se instaló para minimizar la emisión de partículas durante el triturado de los residuos y que será necesaria ahora cuando se haga el traslado del material acopiado.

Una vez se hayan finalizado estas tareas, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental concederá un plazo adicional de dos meses para acometer la restauración de los terrenos municipales. En esta operación se incluye su limpieza y "restitución geométrica", que implica rellenar la balsa de recogida de agua procedente del acopio de escombros y de la cuneta junto a Gómez Laguna, así como el perfilado de los caminos y zonas de tránsito de la maquinaria pesada.

Una vez se haya desmantelado el acopio de escombros, la concesionaria dispondrá de un mes para remitir un "informe detallado" a la Dirección General de Calidad Ambiental sobre los trabajos. Allí deberá constar expresamente los residuos generados durante las obras y los que se han trasladado al vertedero. Ypor último un inspector acudirá hasta el solar municipal para comprobar que se ha restituido a su estado original.