El TSJA rechaza obligar a la DGA a adelantar 14,2 millones a la Universidad

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Universidad de Zaragoza en su demanda contra la DGA. En ella, la institución académica pedía que el Gobierno le adelantara 14,2 millones de euros a cuenta de lo que calcula que el Ejecutivo le debe como parte de la financiación básica (esa cuantía asciende a 51,5 millones). Este anuncio fue hecho ayer por el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA argumenta el rechazo de la cautelar alegando que la cifra solicitada "ha sido cuantificada únicamente por una de las partes que han suscrito el convenio –se refiere al pacto firmado en marzo de 2011 entre la Universidad y el anterior Ejecutivo PSOE-PAR– y se ha determinado aplicando un criterio que no está expresamente previsto en él". Por tanto, el TSJA entiende que no se dan los presupuestos necesarios para admitir la medida cautelar, ya que "en este caso falta una suficiente determinación –con un importe fijado o admitido por ambas partes– de la prestación concreta reclamada por la demandante".

La cuantía solicitada por la Universidad de Zaragoza como medida cautelar (los 14,2 millones) es una cifra calculada por la propia institución académica y se corresponde con la diferencia entre lo que debía haber percibido como financiación básica en este ejercicio 2015 (de acuerdo al convenio de 2011) y lo que el Ejecutivo presupuestó efectivamente en las Cuentas públicas de este año.

En su escrito, el TSJA recoge que el auto de desestimación de la medida cautelar no entra en el fondo de lo que la Universidad de Zaragoza reclama en su contencioso administrativo contra la DGA, ni lo prejuzga ni lo condiciona.

Hay que recordar que la demanda interpuesta por la Universidad pide que el Gobierno sea condenado a pagar la cuantía comprometida (en el pacto de 2011) para satisfacer la financiación básica de la institución.

La cantidad que consigna en su recurso es de poco más de 52 millones de euros, cifra a la que suma otros 3,1 millones en concepto de daños y perjuicios por los intereses a los que la Universidad ha tenido que hacer frente al verse obligada a recurrir a créditos bancarios para paliar su falta de liquidez.

El meollo del conflicto, que deberá dirimir el TSJA, está en el acuerdo suscrito en marzo de 2011, un pacto que la Universidad siempre ha considerado que "no tiene un contenido meramente programático sino que establece un compromiso de financiación y una correlativa obligación de pago asumidos por el Gobierno de Aragón, que fijó para ello unas concretas reglas de cálculo del importe de su aportación financiera", según expone en los argumentos de su recurso. Por su parte, la DGA alega que "el acuerdo es un acto previo de planificación que no autoriza gastos de carácter plurianual" y que precisa de una concreción posterior en función de las dotaciones y la disposición presupuestaria de cada ejercicio.

Ni el Gobierno de Aragón ni la Universidad de Zaragoza hicieron ayer ninguna valoración del auto.