Respaldados por alcaldes y la Plataforma de la Escuela Pública, comparecieron en rueda de prensa para dar a conocer un manifiesto en el que plantean que haya partidas presupuestarias para evitar el cierre de los comedores y con ello el de los colegios rurales. Piden además respeto para las formas de gestión que han demostrado su eficiencia y que en algunos centros supone un coste inferior al máximo establecido por la DGA. También reclaman la revisión de la titularidad del servicio, para que dejen de considerarse comedores ajenos, "estableciendo, si es necesario, una discriminación positiva para los colegios más vulnerables con el fin de evitar el progresivo cierre". En caso de que el servicio lo gestionen los ayuntamientos, no quieren que suponga una carga económica que repercuta en su equilibrio presupuestario.

Al acto asistieron varios alcaldes. El de San Esteban de Litera, Fernando Sabés, recordó que los ayuntamientos han devuelto el convenio que les remitió la DGA por estar en desacuerdo con él, "y desde entonces nunca más se supo". Las corporaciones locales quieren mantenerlos, aseguró, pero temen que las limitaciones al gasto que les marca el Gobierno, sobre todo en competencias impropias, se lo impida. "Cuando no haya comedor se cerrará la escuela", vaticinó Sabés.

Los padres, que han trasladado sus peticiones a los candidatos, se sienten discriminados, ya que el departamento considera no propios los comedores que no lleguen a 50 usuarios o 25 en el caso de alumnos desplazados. Por lo tanto son servicios no tutelados que se han delegado a los ayuntamientos.