El magistrado Javier Cantero, que presidirá el jurado en el juicio contra Antonio Losilla por el presunto crimen y descuartizamiento de su esposa, Pilar Cebrián, ha decidido anular las escuchas que se practicaron en el domicilio de la hija del matrimonio utilizando micrófonos ocultos. El juez mantiene que, al autorizar estas grabaciones, el instructor del caso no vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones de los inquilinos de la vivienda, puesto que su auto estaba debidamente motivado. Sin embargo, tal y como solicitaba la defensa, a cargo del letrado Javier Notivoli, el magistrado concluye que no hay una base legal que ampare una prueba de esta naturaleza y que era inédita hasta ahora en Aragón. Por ello, invalida estas escuchas y se retirarán del sumario las transcripciones de las mismas.

El abogado de Losilla había propuesto también la anulación del resto de escuchas telefónicas. Sin embargo, Javier Cantero aclara que"los diversos autos en que se autorizaban las intervenciones telefónicas cuestionadas estaban suficientemente motivados, habiéndose constatado la necesidad y proporcionalidad del sacrificio del derecho al secreto de las comunicaciones al haberse aportado datos fácticos o buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones se habían cometido".

El magistrado-presidente del Jurado también ha tenido que pronunciarse sobre el test de la verdad o prueba del P-300 practicado al presunto autor del crimen. Al respecto, el juez recuerda que el sometimiento a esta prueba fue acordado por el juez instructor del caso y avalado por el pleno de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Apunta también que fue voluntario por parte del acusado, por lo que concluye que no puede catalogarse como obligación de autoincriminarse.