Del supernegocio para ayudar al tercer mundo, al juzgado por presunta estafa

El fiscal y los abogados de los cinco empresarios personados –hasta el momento– en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza tienen diez días para formular su escrito de acusación –o pedir el sobreseimiento– contra Enrique Irazabal Serrano y cuatro de sus colaboradores. La juez de refuerzo acaba de dictar un auto en el que ordena la continuación de la tramitación del caso por presuntos delitos continuados de estafa y falsedad en documentos mercantiles.

De esta manera, nueve años después de que el cerebro de la trama convenciera a cinco empresarios de Zaragoza para que aportaran 1,2 millones de euros a su atractivo pero imaginario proyecto en Gallur, los inversores ven un poco más cerca la posibilidad de que Irazabal se siente en el banquillo de los acusados por presunta estafa. Junto a los zaragozanos hay otros 30 denunciantes de provincias tales como Madrid, Barcelona, Vitoria, Navarra, Asturias, Valladolid e incluso de los Estados de Trinidad y Tobago y la República de Ghana, que aportaron en total unos 11 millones de euros.

A todos les convenció de la oportunidad de ganar dinero al tiempo que ayudaban a países en desarrollo, sumándose a un proyecto con la multinacional Scinet-Corp, un rumboso nombre para una sociedad que, a tenor de lo visto hasta ahora, no ha movido un tornillo en sus años de existencia. Pero cuanto Irazabal hizo su puesta en escena en Gallur, a finales de 2006, ellos no lo sabían y los sedujo para sumarse a un proyecto que consistía en construir miniplantas en el interior de contenedores móviles, capaces de soportar dispositivos potabilizadores, panaderías e incluso farmacias, y mandarlas al tercer mundo y acabar con sus problemas de hambre, sed y enfermedades. La planta se iba a instalar en el polígono industrial de Gallur. En fechas similares, Irazabal vendía la misma historia en Guadix (Granada) y Canarias.

Como recoge la juez, los inversores se veían sorprendidos por una atractiva propuesta, presentada con un gran despliegue publicitario, y pusieron dinero convencidos de la existencia de un proyecto sumamente rentable, tanto por su participación en una empresa que contaba con importantes cantidades de pedidos –que aseguró que existían– como por la creación de numerosos puestos de trabajo. Según la juez, la suma total de las entregas de dinero efectuadas a Irazabal a través de cuentas relacionadas con Scinet Corporation –unos 11 millones de euros– ha sido transferida por el imputado en "diferentes momentos y por distintas cantidades, a un sinfín de cuentas bancarias de las que disponía y controlaba el propio Irazabal". "Todo ello sin que, transcurridos numerosos años desde el inicio de las actividades por parte de los imputados, se hayan llevado a cabo los proyectos publicitados.

La juez recoge también en su auto que Irazabal documentaba las entregas de dinero en contratos que supuestamente firmaba Ernesto Medina Navarro, en condición de representante de Scinet Miniplantas de España S. L., Scinet Corporation Limited y otras.

Sin embargo, a lo largo de la instrucción del caso se ha constatado que Medina, abogado residente en Florida, se dirigió a las autoridades españolas para explicarles que él no había firmado ninguno de esos contratos y que, si figuraba su rúbrica, era sin su conocimiento. Es más, les contaba que había conocido a Enrique Irazabal cuando le adjudicaron su defensa, por el turno de oficio, en un procedimiento penal ante la Corte Federal de Miami, en el que en 1994 el supuesto empresario vasco fue condenado a cinco años de cárcel por fraude y uso de identidades falsas por hechos muy similares a los de Zaragoza.

"Los proyectos empresariales, supuestamente brillantes, del imputado Enrique Irazabal, unidos a su capacidad discursiva y de transmisión y su fluidez verbal, logran persuadir a las personas (...) para que lleven a cabo, a modo de inversión, las entregas de dinero que se han reseñado", dice el auto judicial. "Para ello –añade–, utilizaba argumentos como que Scinet Corporation contaba con plantas ensambladoras en puertos marítimos de reconocida importancia, como el de Rotterdam, en donde no existe tal planta, según el resultado de las gestiones policiales, o presentaba certificados de solvencia bancaria, al parecer manipulados, que no se corresponden con los verdaderamente emitidos por Barclays".