La partida que el presupuesto municipal destina a la compra de suelo volverá a quedarse corta este año. Las cuentas de 2015 reservan 4.695.686 euros a estos fines, que permiten principalmente afrontar el pago de expropiaciones, algunas de las cuales llevan lustros pendientes. El Gobierno de Zaragoza ordenó la semana pasada destinar 1.371.588 euros para acabar con diez de estas obligaciones. En algunos casos, el Ayuntamiento afronta solo una parte de la cantidad que debe, y reconoce que no puede abonar todo por "la insuficiente dotación presupuestaria prevista para el ejercicio 2015 en la partida".

Seis de los diez pagos aprobados llegan tras sentencias judiciales contrarias dictadas hace meses o años. Por ejemplo, a los propietarios de una finca en la calle Covadonga que hubo que expropiar se les reconoció el derecho a cobrar casi 700.000 euros. En 2013 el Ayuntamiento pagó casi 200.000, y en el último Gobierno aprobó abonar otros 200.000. Por lo tanto, aún quedarán pendientes 300.000 euros, más los intereses de demora. En el expediente aprobado, el Ayuntamiento dice que se abonará "tan pronto como exista partida presupuestaria para ello".

Con los 1,3 millones de euros también se pagarán otras cinco condenas judiciales de pago por expropiaciones. Tres de ellas corresponden a terrenos de La Almozara, afectados por las obras de las riberas antes de la Expo. Se pagarán 105.407 euros a unos propietarios (aún quedarán otros 300.000), 234.577 a otros y 226.634 a unos terceros. Además, también cobrarán 144.304 euros los dueños de una parcela expropiada en Santa Isabel y otros propietarios de terrenos en el meandro de Ranillas, también por la Expo.

Además, y esta vez sin necesidad de sentencia, el Gobierno de la ciudad aprobó pagar por expropiaciones 140.735 euros a los propietarios de unos suelos junto al Huerva en el parque Grande, 45.278 a otros de la avenida de Zaragoza de Casetas, 29.827 euros por un terreno junto a la depuradora de La Cartuja y 55.384 euros en el galacho de Juslibol.