Los pleitos de los juzgados aragoneses repuntan un 4,9%, la mayor subida del país

El despegue de los asuntos civiles, que aumentan un 19,2%, ha sido clave para dejar atrás una bajada continuada de cuatro años.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó ayer sus estadísticas de 2014, un prolijo y detallado informe sobre el trabajo de los juzgados españoles que avala el fin de un periodo de crisis. Porque tras cuatro años de bajada continuada de las denuncias, demandas y pleitos, la litigiosidad –uno de los indicadores de la actividad económica– comienza por fin a repuntar. De entre todas las comunidades autónomas, en la que más se aprecia ese incremento del volumen del trabajo es en Aragón, donde el año pasado se tramitaron 149,6 asuntos por cada mil habitantes (un 4,9% más que en 2013). En el conjunto del país, la mejora ha sido bastante más discreta y se ha quedado en un ligero 0,2%.


Por territorios, tan solo Navarra, con una subida del 3,7% se aproxima a las cifras de Aragón. Le siguen Murcia y Castilla y León, ambas con un 2,4%, o Asturias y Galicia, las dos con un 2%. En el lado opuesto aparecen Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares, ya que en ninguna de ellas el incremento de los pleitos ha alcanzado el 1%.Pero los casos más extremos son los del País Vasco y Cataluña, las única donde la actividad ha descendido:un -3,5% y un -0,2%, respectivamente.


Podría decirse que la tasa de litigiosidad está también estrechamente ligada al nivel de bienestar de un territorio, ya que indica hasta qué punto este es o no conflictivo. Y si damos por válida esta premisa, cabría decir que el mejor lugar para vivir es Teruel, donde el año pasado tan solo se tramitaron 93,83 litigios por cada mil habitantes. De hecho, ninguna otra provincia española se quedó por debajo de los cien. La tasas de Zaragoza y Huesca fueron 151,05 y 135,31, respectivamente. Cifras bastante asumibles si las comparamos con las provincias que encabezan el ranquin nacional: Málaga (262,28), Granada (245,5), Sevilla 213,93) y Almería (200,48). Casualmente, las cuatro andaluzas.


A pesar del aumento de las cargas de trabajo, las estadísticas del CGPJ revelan que Aragón ha conseguido mejorar tanto la tasa de pendencia, como las de resolución y congestión. Es decir, ha descendido el volumen de asuntos acumulados (-4,6%), el tiempo que se tarda en resolver cada causa

(-0,5%) y la ratio entre los asuntos por resolver y los que llegan nuevos (-0,5). Gracias a ello, la comunidad es la quinta por la cola en cuanto a litigiosidad, la tercera que menos expedientes por resolver arrastra y la segunda más eficaz a la hora de dar salida a los asuntos que entran. Datos, todos ellos, que hablan de la buena salud de la Justicia en Aragón.


A la hora de analizar por qué ha repuntado tanto el trabajo en los juzgados aragoneses conviene abordar la evolución de cada una de las jurisdicciones. Y si ha habido una que ha contribuido decididamente al despegue de la actividad judicial esa ha sido la Civil, en la que el número de pleitos se ha disparado un 19,2%. Los jueces de esta jurisdicción se encargan de resolver, principalmente, reclamaciones económicas entre particulares. Un buen indicador del aumento de trabajo que han experimentado estos juzgados es el número de asuntos tramitados por juez, que en un solo año ha pasado de 494,8 a 580,4.Los pleitos sociales, disminuyen

La crisis económica ha hecho caer la litigiosidad en general, pero ha habido unos juzgados donde el fenómeno ha sido el contrario: los sociales. De hecho, el continuo cierre de negocios, los miles despidos registrados en estos últimos años y la conflictividad laboral en general han llevado a esta jurisdicción al borde del colapso. Tanto es así, que los juicios para resolver estos asuntos se estaban señalando con hasta un año de demora. Como dato, recordar también que el CGPJ dice que la carga máxima de trabajo de un juzgado no debe exceder los 800 asuntos y en alguno de siete sociales de Zaragoza se llegaron a tramitar 1.422 en 2012.

Por ello, si el mejor indicador del fin del periodo de crisis es el aumento de los pleitos en general, el descenso de la litigiosidad en los juzgados de lo social, cuando ya se ha tocado suelo, resulta igual de reveladora. De este da cuenta el último informe del CGPJ, en el que se habla de una caída del 16,2% de los expedientes tramitados en esta jurisdicción. Descenso muy superior al registrado en el resto de España, donde no se ha pasado del 8,1%.


En cuanto al resto de jurisdicciones, el aumento de la carga de trabajo ha sido más moderado: un 2,7% en la de lo Penal y un 1,2% en la Contencioso-administrativa. En la primera, las tasas de resolución y de congestión han empeorado con respecto a 2013, pero la diferencia es nimia:una y dos décimas, respectivamente. Los pleitos contra la administración, aunque también han aumentado, lo han hecho de una forma mucho más discreta que en otros territorios. De hecho, a nivel nacional, el incremento de la actividad ha sido del 9%. Ello ha permitido rebajar la tasa de pendencia (-12%), la de resolución (-6,5%) y la de congestión (-5,5%).