El PAR cambia a última hora de opinión e impedirá la polémica reforma del salario social

La polémica reforma del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) no saldrá adelante. La presión ejercida en los últimos meses por Cáritas, los trabajadores sociales y otros colectivos ha logrado su objetivo. La controvertida ley, que endurecía los requisitos para acceder al salario social y limitaba su percepción a tres años en un momento en el que debido a la crisis se habían disparado sus solicitantes, no verá finalmente la luz esta legislatura. El PAR ha cambiado de opinión a última hora, tras el rechazo mostrado de forma reiterada por las entidades sociales, y forzará hoy en la junta de portavoces que la iniciativa no se lleve a pleno para su aprobación.

Estaba previsto que la normativa, cuyo dictamen ya pasó por la comisión tras un largo trabajo en la ponencia, se aprobara la próxima semana en el último pleno de la legislatura. Pero, según ha podido saber HERALDO, en los últimos días los colectivos contrarios a la reforma, que ya habían protagonizado encierros y numerosos actos de protesta, han redoblado sus esfuerzos hasta el punto de convencer a los aragonesistas de la necesidad de bajar el balón al suelo. Así lo comunicará hoy el portavoz del PAR, Alfredo Boné, en la junta de portavoces. El consejero Arturo Aliaga ya lo habría anticipado también al titular de Sanidad y Servicios Sociales y al portavoz del Gobierno.

Dado el rechazo que cosechó la ley entre los demás grupos parlamentarios –la oposición fue especialmente crítica al tildarla de "injusta" y denunciar que estaba "pensada únicamente para reducir el número de beneficiarios" del salario social– el apoyo del PAR era clave para que los populares pudieran sacar adelante la reforma. De esta forma, no tendrán más remedio que paralizar la tramitación. La ley decaerá finalmente, ya que el periodo de sesiones en el Parlamento acaba la próxima semana debido a la convocatoria de elecciones para el próximo 24 de mayo.

Los aragonesistas, que ya habían mostrado desde el principio sus reticencias al proyecto de ley planteado por sus socios en el Pignatelli, justifican ahora su decisión en la necesidad de lograr un consenso social. Durante la tramitación parlamentaria, y tras haber mantenido contactos con los colectivos sociales, presentaron treinta y tres enmiendas de forma conjunta con el PPy trece en solitario para intentar suavizar la ley. Y aunque en un principio se pensó que los colectivos quedarían conformes, no fue así. De ahí que el PAR, aunque piense que la ley enmendada es mejor que la vigente al adaptarse a la nueva realidad social, haya optado finalmente por la prudencia y decidido no seguir adelante con una norma que tiene a toda la oposición en contra y que no contenta ni a los profesionales, ni a la iglesia, ni a las entidades que trabajan con los más desfavorecidos.Compromiso de derogación

Su decisión llega después de que los representantes de los partidos de la oposición (PSOE, CHA e IU) y de las nuevas formaciones con aspiraciones de entrar en las instituciones (Podemos y UpyD) se comprometieran públicamente a derogar la reforma si llegaba a aprobarse y si contaban con mayoría suficiente en las Cortes la próxima legislatura. Lo hicieron tras participar recientemente en una mesa redonda en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Allí, la socialista María Victoria Broto denunció que la reforma era "regresiva", criticó que la prestación se vinculara a la disponibilidad presupuestaria y lamentó que dejase fuera a varios colectivos.

Patricia Luquin, de IU, tildó la ley de "inservible" y cargó contra la DGA, a la que dijo, le "interesa muy poco garantizar derechos y quiere que la asistencia social se base en la beneficencia". Por parte de CHA, Carmelo Asensio, censuró que la reforma, que calificó de "reaccionaria", se cebe "con los más vulnerables" y consideró "injustificables" los retrasos de hasta diez meses para cobrar el salario. Elena Pilcher, de Podemos, aseguró que la reforma supondría "una vulneración total de los derechos sociales", mientras Rosa María Casado, de UPyD, insistió en que la prestación del IAI "no puede estar condicionada a la disponibilidad presupuestaria". Ese condicionamiento presupuestario era, junto a la limitación de la percepción a tres años, uno de los puntos más controvertidos. También la obligación de estar empadronado dos años antes, que se cambió vía enmienda por residir legalmente en Aragón, y la limitación de edad para poder cobrarlo (entre 25 y 65 años, salvo excepciones regladas).