"Querían quitar la cláusula de reversión del suelo a toda costa"

El alcalde de Gallur reconoce que las maneras de Scinet-Corp le parecieron sospechosas, por lo que tras una serie de incumplimientos decidieron abortar el proyecto.

Cualquier alcalde hubiera querido facilitar la implantación de una empresa capaz de crear 350 empleos en su municipio. Sin embargo, el de Gallur, Antonio Liz (CHA), decidió optar por la prudencia y calcular los riesgos de un proyecto que le acabó despertando sospechas. "Lo que nos proponían era asombroso. Una gran fábrica en la que iban a invertir 49 millones de euros, con el añadido de que el proyecto tenía un componente social, dado que se trataba de fabricar pequeñas plantas de producción en contenedores portátiles para llevarlos a países en desarrollo", explica Liz.


El ‘cortejo’ entre la multinacional y el Ayuntamiento de Gallur se inició a comienzos de 2006, cuando la firma del empresario vasco Enrique Irazabal Serrano eligió el polígono Monte Blanco de este municipio para instalar su centro de ensamblaje. El consistorio le facilitó 317.000 metros cuadrados a un precio muy inferior al de mercado, pero, a cambio, le impuso un amplio pliego de cláusulas. Entre otras, se estipulaba que en caso de incumplimiento de los acuerdos previstos –que no se crearan los puestos de trabajo anunciados o que el negocio cerrase antes de tiempo, por ejemplo– el suelo volvería a manos del municipio."Fue entonces cuando surgieron los problemas, ya que ellos querían quitar la cláusula de reversión del suelo a toda costa", explica Antonio Liz.


A pesar de las presiones de los promotores del proyecto, el Ayuntamiento de Gallur se mantuvo firme y no aceptó la eliminación de la polémica cláusula."Ahora se demuestra que hicimos las cosas bien, porque si no podría habernos ocurrido lo que le pasó a otras localidades que facilitaron suelo industrial a bajo precio, lo perdieron y otros empresarios hicieron negocio con él al venderlo", indica el edil.

Cansado de esperar a que Scinet-Corp se decidiera, tres años y medio después de anunciarse la instalación de la fábrica, los responsables municipales decidieron denunciar el incumplimiento del contrato de compra-venta del suelo: 31 hectáreas.


El precio de esta gran superficie se había estipulado en 951.000 euros, por lo que, a la hora de firmar la reserva, los promotores tuvieron que depositar una fianza de 19.020 euros. Cantidad que el consistorio garullano logró retener al reconocerle su derecho los tribunales, que impusieron también las costas del procedimiento a la multinacional.