La exconsejera socialista Noeno será juzgada por presunta prevaricación

La Fiscalía solicita ocho años y cinco meses de inhabilitación, la misma pena que para el exgerente Antonio Brun, por actuar ilegalmente al sancionar y despedir a dos médicos.

María Luisa Noeno, la que fuera consejera de Sanidad durante las dos últimas legislaturas PSOE-PAR (fue nombrada en mayo de 2005 y permaneció en el cargo hasta 2011), será juzgada la próxima semana por un delito de prevaricación administrativa que presuntamente cometió al sancionar a un médico que denunció en la prensa el mal estado de las torres de refrigeración del Hospital Clínico, que originaron un brote de legionela que se cobró la vida de siete personas en 2004.


Junto a ella se sentará el exgerente del Salud Antonio Brun, ya que este expedientó al facultativo por informar de las malas condiciones de las instalaciones y despidió a su mujer (también médico) como represalia por haber testificado contra él y a favor de su esposo en un juicio por injurias, según concluyó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Estos dos actos administrativos los llevó a cabo con la participación de Noeno, según se desprende del escrito de acusación de la fiscal. El Ministerio Público recoge que el médico, durante la tramitación del expediente disciplinario, recusó al exgerente aludiendo que aún estaba pendiente de sentencia firme el juicio por injurias. De este incidente se hizo cargo Noeno una vez que esta ya había despedido a su mujer. El facultativo entendió que esta situación era motivo más que suficiente para recusar también a Noeno por falta de imparcialidad, como así hizo. Lo que no esperaba es que fuera la exconsejera la que resolviera su propia recusación y, obviamente, la desestimara.

Indemnización de 20.000 euros

La fiscal solicita para cada uno de los dos ex altos cargos ocho años y medio de inhabilitación para todo empleo o cargo público, y el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada médico. Sus respectivos abogados defensores, solicitan la absolución.


Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado David Esteban en nombre del matrimonio perjudicado, atribuye dos delitos de prevaricación a la exconsejera y eleva su petición de condena a 18 años y cinco meses de inhabilitación, y reclama 18.000 euros de indemnización para cada uno de sus clientes. En su escrito de acusación, el abogado incluye también a la exgerente del sector II Ana Sesé –que más tarde sucedió a Brun en su cargo–, porque fue ella la que hizo la propuesta de destitución de la mujer del facultativo alegando una "inexistente pérdida de confianza". "Todos ellos eran conocedores de que eran otros los motivos que habían impulsado verdaderamente la resolución del cese de la facultativa", alega el letrado. De hecho, el Juzgado de lo Social –en una sentencia avalada después por el TSJA– declaró nulo el despido porque consideró que había sido un claro acto de represalia contra ella y su esposo.


"Es evidente que la acusada María Luisa Noeno dictó dos resoluciones administrativas arbitrarias y carentes de fundamento imparcial, con clara desviación de poder: la sanción al médico y la que desestimó la petición de recusación que este formuló", alega el letrado.



El motivo de la denuncia se remonta a 2004, cuando el facultativo, que entonces presidía la Asociación en Defensa de la Calidad Sanitaria, denunció deficiencias en la limpieza y en el mantenimiento de las torres de refrigeración que originaron el brote de legionela del Clínico. A raíz de las desavenencias entre la consejera y el facultativo, Noeno le sancionó con dos años y siete meses de suspensión de empleo y sueldo. Poco tiempo después, además, su mujer fue despedida.


Estas actuaciones "contrarias a derecho" obligaron al matrimonio a entablar distintos pleitos judiciales que se tradujeron en cinco sentencias a su favor (salvo la de la denuncia por injurias) y alteró sus vidas, como recoge el abogado. Aunque el TSJA obligó a readmitir a la doctora, esta fue cesada legalmente al poco tiempo. Además, aún sufrió los efectos tiempo después cuando se presentó a un trabajo en un hospital de Madrid y allí se le explicó que habían recibido informes desfavorables del Servicio Aragonés de Salud.