El juez del caso Naves ocupará provisionalmente la plaza de magistrado de Belloch

Francisco Picazo ha cobrado notoriedad en los últimos tiempos por la instrucción del llamado caso Naves sobre la presunta malversación de caudales públicos durante las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza. El juez dictó auto de apertura de juicio oral contra el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco; el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el ex director técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes; y el expropietario de Real Zaragoza, Agapito Iglesias, por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad, estafa y administración desleal.

A pesar de las críticas recibidas por los imputados sobre lo que consideraron una instrucción precipitada, la Audiencia ha ido avalando cada una de sus decisiones y será la primera causa que se juzgue por las presuntas ilegalidades en la urbanización del complejo logístico.

El magistrado se integrará de momento en la Sección Primera –junto al presidente de la Audiencia de Zaragoza, Julio Arenere, y a Javier Cantero–, que es la encargada de juzgar, entre otros asuntos, el caso de La Muela. La causa había sido asignada a la juez María Soledad Alejandre, que es la eventual ponente del caso. Pero como la magistrada está destinada en la Sección Primera en comisión de servicios, volverá presumiblemente a su juzgado, el número 4 de instrucción de Zaragoza. Esto supondrá que sea Picazo el candidato para hacerse cargo del macrojuicio. No obstante, y dados los antecedentes de este proceso, es casi seguro que uno de los principales imputados, Carmelo Aured, lo recuse puesto que el magistrado fue el encargado de instruir la única pieza separada de la causa principal de La Muela, desde que se abrieron las diligencias en 2008. En concreto, la dirigida contra el exteniente de alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril, y contra el propio Carmelo Aured. Ambos fueron juzgados y condenados. El primero a un año de inhabilitación y multa de 1.800 euros por un delito de negociaciones prohibidas, y el segundo a seis meses de cárcel por tráfico de influencias.

A lo largo del último año su abogado, César Ciriano, ha presentado varias peticiones de nulidad y también ha llegado a recusar al tribunal de la Sección Primera por carecer supuestamente presunta de imparcialidad por haber resuelto y rechazado más de 30 recursos de apelación. También porque Soledad Alejandre resolvió la primera diligencia del caso de La Muela. El TSJA ha desestimado hasta el momento todas sus pretensiones. De producirse la recusación, supondrá un nuevo parón en el caso. Fuentes jurídicas señalaron que en el supuesto de que hubiese sido Belloch el que se hubiera hecho cargo, también habría sido recusado por su pasado político.