La asociación de vecinos Ríos de Aragón lamenta que mañana vayan a cumplirse cinco años desde que el Ayuntamiento, por unanimidad, solicitó al Ministerio de Fomento la cesión de la avenida de Cataluña y que en todo este tiempo apenas se haya avanzado para solucionar el conflicto. La entidad vecinal recuerda que la cesión de 1.500 metros de la actual N-IIa (de la Z-30 hasta Santa Isabel) fue uno de los compromisos electorales del alcalde Belloch, que el próximo mes de mayo dejará el bastón de mando sin haber cumplido esta promesa. Aunque el Ayuntamiento ha presentado hasta en dos ocasiones el proyecto de reforma de la vía, esta sigue sin ser de su propiedad y, además, no hay plazos ni financiación prevista para llevar a cabo los trabajos.

Hace más de 30 años que los residentes en la zona piden, incluso con manifestaciones, "vivir en una calle digna y no en una brecha urbana a apenas dos kilómetros de la plaza del Pilar". Ríos de Aragón recuerda que han reclamado la cesión al Justicia, a las Cortes e, incluso, su lucha ha llegado al Congreso de los Diputados, pero critican la inoperancia de Fomento y el Consistorio, que a pesar de anunciar protocolos y convenios no han logrado pactar el cambio de titularidad.

"Las administraciones mantienen como rehenes a unos vecinos y a una ciudad, en una guerra política que no parecen dispuestos a resolver por la vía del entendimiento", se quejan. Critican, así, los incumplimientos de Belloch, que prometió firmar la cesión en la pasada campaña electoral, pero también el anuncio del portavoz del PP, Eloy Suárez, quien en 2013 aseguró que tenía "una solución viable que contaría más pronto que tarde y, a día de hoy, seguimos esperando".

La entidad vecinal reitera su petición de que las instituciones "se pongan manos a la obra" y trabajen en un acuerdo "en beneficio de unos ciudadanos que no deberían verse afectados por jurisdicciones y colores políticos". Hace apenas diez días la concejal Lola Campos presentó los planes municipales respecto a la avenida a los vecinos de la margen izquierda, pero reconoció que en la actual coyuntura es complicado que Madrid pague los 1,4 millones que, según las órdenes ministeriales, que regulan estas transferencias. Urbanismo rechaza hacerse cargo de la vía si no hay compensación económica.