El Gobierno se desentiende porque el caso Rato es "un asunto particular"

El Ejecutivo da la espalda al que fuera número dos de Aznar mientras el PP asume el destrozo electoral y Montoro achaca la acusación a la información sobre su patrimonio en el exterior.

Como Artur Mas y con las mismas palabras que en el ‘caso Pujol’, Soraya Sáenz de Santamaría consideró que el ‘caso Rato’ es "un asunto particular". Solo que cuando el presidente catalán acotó a la esfera personal de Jordi Pujol la fortuna familiar oculta, el PP se echó encima de Mas por recurrir a semejante argumento. La vicepresidenta circunscribió también el escándalo a la vida privada de Rodrigo Rato, que también esgrime que el dinero opaco que ha regularizado es una herencia paterna. A su lado, Cristóbal Montoro fue el vivo rostro de lo que puede ser la frialdad para con un exjefe y excompañero de fatigas: "No estoy aquí para expresar sensaciones, estoy para aplicar la ley", dijo.


El Gobierno había tomado nota de que su meliflua reacción inicial ante las andanzas del extesorero Luis Bárcenas fue un desastre para su imagen de beligerancia con la corrupción. En esta ocasión ha decidido coger el toro por los cuernos y no ha permitido que el asunto escape de su área de influencia en la órbita de la Agencia Tributaria. El Ejecutivo jugó la carta de la ejemplaridad y la contundencia con el exvicepresidente, exministro de Economía, exdirector-gerente del FMI y expresidente de Bankia. "La ley es igual para todos", repiten en la Moncloa y el eco se propala por todo el Gobierno y el PP. La rotundidad de las actuaciones y las imágenes, sin embargo, han dejado un mal sabor de boca en algún sector del PP que se pregunta si hacía falta esa escenificación con el que fuera durante muchos años un puntal del partido y "el mejor" ministro de Economía de la historia en palabras de José María Aznar y del fallecido Emilio Botín.


Sáenz de Santamaría advirtió que no habrá explicaciones de Rajoy ante el Congreso, como las hubo con Bárcenas, ni comisión de investigación, como la hay con el caso Pujol en el Parlamento catalán. "No estamos ante hechos relacionados con el cargo" que ostentó en el Gobierno de Aznar, subrayó la número dos del Gobierno, que también señaló que la Agencia Tributaria actúa "con independencia del momento" y sin medir si "afecta a este o aquel partido".


Rajoy, al igual que Aznar, guarda silencio. Este fin de semana tiene actos de precampaña del PP en Murcia y Alicante y no tiene intención de referirse al asunto aunque será difícil que lo pueda soslayar. El resto de miembros del Gobierno secundó la consigna de que la ley es igual para todos. El ministro del Interior hasta la repitió en Alemania a la salida del acto en la catedral de Colonia por las víctimas del siniestro del avión de Germanwings: "Las instituciones funcionan. La corrupción se combate. No hay excepciones", se jactó Jorge Fernández Díaz.

Herida de gravedad

La desolación era mayor en el PP. A pesar de haber sido todo en el partido, a Rato apenas le quedan amigos. La mala gestión de Bankia que llevó al posterior rescate público y el uso de las tarjetas ‘black’ habían ensombrecido su aura de ‘padre del milagro económico español’, pero las acusaciones de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes han sido la puntilla.


En el PP admiten sin tapujos que la campaña electoral ha quedado herida de gravedad porque por mucho que desde la Moncloa se trate de alegar que es un asunto privado, ahonda la imagen de corrupción que acompaña al partido y es su mayor lastre político.


La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, lamentó que comportamientos como el de Rato hagan que los populares se sientan "avergonzados". El portavoz del comité de campaña, Pablo Casado, admitió que el asunto "abochorna y causa tristeza". La líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, confesó que el que otrora fuera su gran amigo ha hecho "mucho daño" a la campaña. La candidata popular a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo que "ha engañado a todos".


Entre tantas voces dolientes, apenas surgieron algunos gestos amables, como los del exvicepresidente Francisco Álvarez Cascos o la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que defendieron "la presunción de inocencia" de su amigo.

Preocupación

La posibilidad de que las actuaciones contra Rato, acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes, se produjeran a raíz de la amnistía fiscal ha hecho saltar las alarmas en los 30.000 contribuyentes que, como el exvicepresidente del Gobierno, se acogieron a esa regularización. Y es que una de las condiciones que recogía dicha amnistía, aprobada por el Ejecutivo de Rajoy en 2012, era la exoneración de los delitos tributarios.


De hecho, según los bufetes de abogados, uno de los problemas de la amnistía es la "inseguridad jurídica", pues cuando el Gobierno aprobó la denominada ‘declaración voluntaria especial’ no lo hizo mediante una ley o un decreto, sino mediante una orden ministerial, que tiene un rango legal muy inferior. Además, no se detallaba en qué condiciones se haría la regularización. Casi al final del proceso se decidió que quedarían eximidos los delitos tributarios, pero no el resto, como por ejemplo el blanqueo de capitales. Esto hizo que, según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el 95% de las regularizaciones se produjesen en el último mes habilitado. En función de esa bula parcial sobre los delitos, la Agencia Tributaria remitió al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) los 705 expedientes que se acogieron a la amnistía.


Sin embargo, a Rato la Fiscalía de Madrid también le imputa un delito de fraude fiscal (presumiblemente producido a partir de 2011, ya que los años anteriores están perdonados por la amnistía), lo que ha generado inquietud entre el resto de amnistiados.


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató ayer de dejar claro que la operación desatada contra el ex director gerente del FMI no guardaba relación con la amnistía fiscal. "Es una investigación de la Agencia Tributaria desde hace bastante tiempo", afirmó Montoro. De hecho, recordó que la actuación que se está produciendo tiene su origen de la información obtenida mediante el modelo 720, es decir, la declaración de bienes en el extranjero en la que la Agencia Tributaria habría detectado incongruencias en el caso de Rato.