Con 85 encausados –algunos de los cuales fueron enviados a prisión preventiva– y el cierre cautelar de una veintena de farmacias y almacenes de medicamentos, el fiscal jefe de Teruel, Jesús Gargallo, no dudó ayer en considerar que el procedimiento ha sido "el más complejo" de cuantos han recaído en la Justicia turolense a lo largo de su historia. Destacó que hubo jornadas en las que las declaraciones de inculpados ante el juez, el fiscal y los abogados de las partes personadas, comenzaron a las ocho de la mañana y se prolongaron hasta las cuatro de la madrugada.

Fuentes del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que es el que ha coordinado la investigación, señalaron que, frente a los 300 folios de que suelen constar los asuntos más voluminosos que tramita este órgano judicial, el caso de las farmacias sumó más de 10.000 hojas. "El trabajo se triplicó o cuadruplicó", afirmaron estas fuentes.

El dato más concreto lo ofreció esta semana el presidente de la Audiencia Provincial, Fermín Hernández, quien resaltó que solo de enero a marzo de este año este tribunal ha dictado 75 resoluciones interlocutorias –referidas a incidencias durante la instrucción– cuando la cifra habitual de estos recursos es de 120 a 130 al año. "Hemos registrado un crecimiento exponencial de este tipo de apelaciones, debido a la intensa actividad del Juzgado número 3 con el asunto de las farmacias", afirmó Hernández.

La mayor parte de estos recursos interlocutorios, en los que las partes solicitaban la revocación de las medidas adoptadas por el juez instructor, tales como la clausura cautelar de un establecimiento farmacéutico o el ingreso en prisión de un encausado, fueron estimadas por la Audiencia Provincial de Teruel.

No obstante, como indicó el presidente de la Audiencia Provincial, el aumento de las resoluciones interlocutorias de carácter penal vinculadas a la investigación de la trama de las farmacias contrasta con el notable descenso de las causas civiles. Fermín Hernández atribuye esta reducción a la crisis económica y a "las tasas desmesuradas" que debe pagar el usuario si quiere interponer un pleito.

El fiscal encargado del caso de las farmacias, Jorge Moradell, planteó ayer la conveniencia de analizar la posibilidad de que macrocausas como esta puedan segmentarse a fin de que los profesionales de la Justicia aborden el asunto con menor complejidad. Otra de sus propuestas fue la creación de equipos de personal jurídico y administrativo de adscripción temporal que refuercen el trabajo de los jueces de juzgados pequeños, como los de Teruel.

Moradell señaló que, dado el elevado volumen de trabajo que generó la investigación de la trama de las farmacias, al menos, el juez instructor debió ser liberado de su actividad habitual. "Creo que hace falta una mayor filosofía de trabajo en equipo y también un refuerzo en materia de personal ante determinados asuntos. Los juzgados ganarían en agilidad", dijo.

El método con el que los medicamentos saldrían de España, conocido como ‘distribución inversa’, consistiría en que determinadas empresas, a través de almacenes ‘grises’ o ‘pantalla’, exportarían medicinas procedentes de farmacias, cuando estas solo pueden dispensar productos a pacientes.