Aludiendo a "razones imperiosas de interés público", el Ejecutivo aprobó también el levantamiento parcial y temporal del Plan de Ordenación de los Sotos y Galachos del Ebro para reparar los daños y poder limpiar el río en la Ribera Baja (Zaragoza-Escatrón). Tal y como adelantó este periódico, instará además a la Unión Europea la modificación de los límites de los espacios integrados en la Red Natura, LIC y ZEPA, para poder efectuar actuaciones también en la Ribera Alta (entre Pradilla y Zaragoza) y porque "han podido modificarse tras la crecida".

En concreto, se suspenderán cuatro artículos del PORN, aprobado en 2007. Tras el cambio, se podrán extraer gravas sin necesidad de declaración de impacto ambiental hasta 20.000 metros cúbicos en los puntos protegidos por Europa y hasta 100.000 para el resto de zonas. Se elimina la obligación de someter a evaluación de impacto ambiental la construcción de nuevas motas o la ampliación de las existentes para proteger cascos urbanos. En el resto de los casos, solo habrá que hacer una simplificada para defensas de más de 5 kilómetros. Y se permiten actuaciones en dominio público hidráulico hasta ahora prohibidas.

Según avanzó la presidenta Rudi, "cuando el agua se retire habrá que hacer una revisión de todo". Para ello, explicó, se encargarán estudios técnicos con el objetivo de explorar qué se puede hacer para proteger a los municipios en las zonas que están fuera del dominio público hidráulico.

La suspensión estará vigente hasta que se hagan las actuaciones necesarias, pero Rudi no pudo concretar plazos. La presidenta, que dijo ser una "firme defensora" de la unidad de cuenca porque "todo lo que se hace aguas arriba afecta aguas abajo", abogó por que el Ministerio haga un "estudio integral" del Ebro. Tras las quejas de los alcaldes, Rudi negó que hubiera habido descoordinación y aseguró que se respondió "con todos los medios", aunque dijo entender que "en momentos de angustia los minutos se hacen horas".