El Gobierno de Aragón no ha cuantificado aún los daños provocados por la crecida extraordinaria del Ebro, que ha podido afectar a unas 19.000 hectáreas, pero asegura que gastará "sin límite para atender todas las necesidades". Incluso pagará indemnizaciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales que no contasen con seguro en el momento de la avenida, pero que acrediten haberlo tenido en años previos. Así lo comprometió la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, quien dijo que la DGA se retrotraerá hasta cinco ejercicios atrás para comprobar si los titulares habían suscrito alguna póliza. También avanzó que se estudiarán "específicamente" aquellos casos en los que los propietarios nunca hubiesen asegurado sus fincas.

Esta es una de las medidas incluidas en el decreto-ley que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, y que complementa al estatal con el objetivo de "restituir la situación anterior a la riada" en las 33 localidades afectadas. Al igual que el nacional, está abierto y dará cobertura a todas las afecciones que se produzcan hasta el 31 de mayo. El Ejecutivo dispone de entre 18 y 20 millones en el fondo de contingencia y si no son suficientes hará modificaciones presupuestarias que afectarán a todos los departamentos. Los créditos serán "ampliables".

La presidenta –acompañada de su gobierno en pleno– desgranó ayer las ayudas previstas y comentó que se trata de un decreto "paraguas". Serán ahora los distintos departamentos quienes tendrán que convocar sus ayudas en "un plazo máximo de un mes", aunque la idea, dijo, es no tardar más de quince días. Para agilizar la restitución de los daños, se prevén anticipos por el 100% de la cuantía de las subvenciones y se reducen a la mitad los procedimientos administrativos. La DGA prevé también firmar convenios con entidades financieras para facilitar "créditos puente" sin intereses.

Además de para campos y explotaciones, habrá compensaciones por las afecciones en viviendas, sea habitual o no, vehículos, enseres domésticos, y establecimientos turísticos, industriales, comerciales y mercantiles. El Ejecutivo sufragará los costes que no cubran las ayudas estatales ni las compañías de seguros. En cuanto a los desalojados, la DGA no les cobrará importe alguno por la utilización de la red de servicios sociales. Y a quienes ayudaron durante la emergencia, se les resarcirán "todos los gastos".

Sarga restituirá las infraestructuras públicas de riego, y también las de las comunidades de regantes. Y el Instituto Aragonés del Agua reparará los ciclos integrales del agua. En Boquiñeni, donde la red se ha contaminado por hidrocarburos, será la DGA quien acometa la obra si "en breve tiempo, las 4 o 5 empresas consultadas no dan soluciones".

El Consejo también dio luz verde a un proyecto de ley de medidas tributarias, con bonificaciones en varios impuestos, que se quiere tramitar por la vía de urgencia. Además de pagar el IBI de 2015 a los afectados, establecerá una exención de las ayudas en la cuota autonómica del IRPF. También ha previsto una bonificación del 100% para donaciones de inmuebles dañados, con ciertos límites, y ha previsto tipos reducidos para transmisiones de viviendas y vehículos.