El consejero de Hacienda, Javier Campoy, cerró ayer el último pleno de las Cortes con una buena noticia: los empleados públicos de la Administración autonómica cobrarán la parte devengada de la paga extra de Navidad que recortó Mariano Rajoy en 2012. Y lo harán el próximo mes de abril. El anuncio llega a dos meses de las elecciones y después de que Aragón fuera junto con Andalucía la única comunidad que seguía sin abonar esta cuantía que supone para las arcas autonómicas 20 millones de euros. Además, los trabajadores de la Administración autonómica eran los únicos de las instituciones aragonesas que no tenían todavía asegurado este ingreso.

Esta decisión afecta a más de 40.000 empleados públicos y, según estimaron los representantes sindicales, el importe correspondiente a la cuarta parte de la extra suprimida oscilaría entre los 250 euros de los funcionarios con menor categoría profesional y los 700 de la máxima. Hasta ahora, el Ejecutivo de Rudi se había negado a abonar esta cuantía con el argumento de que los presupuestos condicionaban su abono al cumplimiento del déficit. Aragón no lo cumple.

Pero, ayer, el consejero anunció, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Ana Fernández sobre este asunto, que la DGA "va a compensar una parte del esfuerzo que se pidió a todos los funcionarios en 2012" cuando "los efectos de la crisis lastraban las arcas públicas" y estaba "en peligro" la viabilidad del estado del bienestar. Campoy argumentó que el escenario ha cambiado.

"Todas las previsiones apuntan a que la economía va mejor", justificó el consejero, que aprovechó para elogiar "la valiosísima e indispensable labor de los empleados públicos para el funcionamiento de los servicios públicos en Aragón".

También aclaró que la decisión de retrasar este pago tiene que ver con "la responsabilidad con el equilibrio de las cuentas de todos los aragoneses". "Nuestra intención siempre fue devolver este dinero para compensar su esfuerzo y porque se lo merecen por su valiosísima labor", insistió.

Por su parte, la diputada socialista Ana Fernández se congratuló de este anuncio y recordó que los funcionarios cobrarán "lo que les corresponde y era su derecho". "Independientemente de que Aragón no cumple el objetivo de déficit, el Gobierno ha decidido que no puede tratar de forma tan injusta a los empleados públicos", señaló Fernández. La socialista achacó el anuncio a la proximidad de las elecciones y se alegró de que el consejero se despida "cumpliendo con algo". En esta línea, le reprochó que la ley de función pública no haya salido adelante, entre otras cuestiones.

Por su parte, CSI-F denunció ayer "la manipulación" del Gobierno de Aragón en su anuncio. El sindicato consideró que haber esperado a que pase la celebración de las elecciones sindicales responde a un doble objetivo: "Fomentar la abstención en esos comicios al propiciar una imagen de impotencia sindical frente a la administración y regalar un caramelito que endulce su propia precampaña electoral autonómica y municipal". En una nota, el sindicato siguió reivindicando la devolución del total de la paga extra, que supondría para las arcas autonómicas un desembolso de 80 millones.