“Mucha gente piensa que son solo 60 euros y luego se echa las manos a la cabeza”

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) respalda el proceso de regularización catastral impulsado por el Gobierno central en todo el país, que en Aragón ya ha aflorado más de 23.000 inmuebles que no pagaban el IBI que les corresponde. No obstante, su secretario general, José María Mollinero, avisa de que muchos de los infractores afectados se enteran del coste económico que les conlleva cuando ya no tienen posibilidad de alegar ni de recurrir.

"Este procedimiento nos parece positivo porque el objetivo es que todos paguemos lo que nos corresponde por nuestros inmuebles –destaca Mollinero–. La crítica que hacemos es que en las resoluciones que están recibiendo los ciudadanos dan muy poca información: mucha gente se cree que solo tiene que pagar 60 euros y luego, cuando le llega el nuevo recibo del IBI con los atrasos, se echa las manos a la cabeza".

El representante de los técnicos de Hacienda recuerda que "gran parte de los afectados" es "gente humilde con poca formación" y que en los escritos que envían las gerencias regionales del Catastro solo se hace referencia directa a la tasa que hay que pagar por cada inmueble regularizado. "Por 60 euros la gente no se preocupa ni va al asesor fiscal, pero el disgusto les llega después, cuando el Ayuntamiento les pasa lo que tienen que pagar de IBI, y si tenían alguna opción de recurrir ya es tarde", advierte Mollinero.El proceso

El procedimiento de regularización catastral en todo el país lo lleva la Dirección General del Catastro a través de la empresa estatal Segipsa –a la que ha encargado esta ingente tarea mediante una encomienda de gestión–. A su vez, la sociedad pública ha contratado a firmas privadas para que hagan el trabajo de campo, que incluye desde el uso de imágenes aéreas hasta la visita calle por calle a los municipios en los que se va desarrollando este proceso o la petición de información a los ayuntamientos sobre licencias de obras, proyectos... Los listados de las localidades en las que se va acometiendo el proceso se publican en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez recopilada toda la información y detectados los inmuebles que no tienen debidamente declarada su descripción catastral, las gerencias regionales –en este caso, la de Aragón– envían a los titulares de esas constucciones una propuesta de resolución. A partir de que se recibe ese escrito, los interesados tienen 15 días para presentar alegaciones y consultar su expediente.

Si a pesar de todo la modificación de la descripción catastral acaba siendo firme y los afectados no están de acuerdo, pueden recurrir por la vía administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional –o ante el Central, si el valor catastral del inmueble supera los 1,8 millones–. Y si su impugnación vuelve a ser rechazada, queda la opción de acudir a los tribunales interponiendo un contencioso."Hay muy pocos recursos"

Sin embargo, desde la Gerencia Regional del Catastro en Aragón aseguran que durante todo este proceso está habiendo "muy pocos recursos". "Pueden cometerse errores, como es natural, pero normalmente se aclaran y se subsanan durante la fase de alegaciones", explican.

El Ministerio no facilita datos desglosados por municipios. No obstante, los ayuntamientos en los que ya se ha culminado la regularización catastral van teniendo cifras aproximadas sobre el número de expedientes abiertos a sus vecinos. En Fuentes de Ebro, una localidad de 4.600 habitantes, se han detectado unas 800 construcciones con sus datos mal declarados;en María de Huerva (5.300), más de 350; en Pinseque (3.600) se superan las 500...Los datos de Huesca capital

La ciudad de Huesca es la única de las tres capitales aragonesas en las que ya se ha completado este procedimiento. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, en su caso el Catastro ha regularizado 57 inmuebles rústicos y 361 urbanos, lo que supone un aumento de la recaudación por el impuesto de bienes inmuebles cercano a los 310.000 euros.

Además, el Consistorio oscense reclamará otros 475.000 euros por los atrasos en el IBI urbano de los cuatros últimos años, aunque por ese concepto prevé ingresar entre el 60% y el 65% de esa cantidad teórica –unos 300.000 euros–.