La instrucción del caso de tráfico ilegal de medicinas pasa a la Audiencia Nacional
El juez de Teruel solicitó inhibirse en favor de un tribunal de ámbito estatal al haber en la causa imputados de distintas provincias.
Tras casi 10.000 folios de documentación y 85 personas físicas o jurídicas encausadas, Cano de Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, solicitó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional y ahora este tribunal, con competencias en todo el territorio estatal, ha aceptado asumir el caso.
El auto del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional aceptando la inhibición cursada desde Teruel lleva fecha de 17 de marzo. En él se indica que se admite la competencia sobre fraude en materia de sustancias farmacéuticas.
A partir de ahora, será este juzgado de Madrid el que acuerde las pruebas que deben seguir practicándose para, en caso de que las hubiere, depurar responsabilidades por la supuesta red de tráfico ilícito de medicamentos. Este órgano judicial decidirá si deben ser llamados a declarar nuevos imputados, si alguno de ellos ha de sentarse en el banquillo de los acusados al final de la instrucción o si, por el contrario, el caso se archiva.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Teruel deberá resolver todavía algunas apelaciones que quedan pendientes. Asimismo, el Juzgado turolense, para una mayor funcionalidad, podría hacerse cargo de algún trámite, pero no de diligencias instructoras.
Fuentes próximas a la investigación indicaron que si bien las diligencias practicadas hasta ahora habrían conseguido aclarar el funcionamiento de la supuesta trama en el territorio nacional, faltaría por averiguar cómo se llevaba a cabo la distribución de las medicinas en el extranjero. El caso ha salpicado a 15 farmacias de Teruel y Zaragoza. La presunta trama, que vendería en países europeos medicamentos procedentes de boticas españolas de precio protegido, se destapó en la farmacia de Palomar de Arroyos.
