Tras sonadas protestas de los sindicatos policiales, hasta dos anteproyectos tuvieron que ser metidos de nuevo al cajón. La eliminación de la segunda actividad sin destino y la reclasificación profesional, pero sin la reivindicada mejoras salarial asociada, fueron el detonante que hicieron movilizarse a los agentes. Tal fue la oposición demostrada en la calle, con constantes concentraciones a modo de protesta ante el Edificio Pignatelli y el palacio de la Aljafería, que el Ejecutivo PSOE-PAR tuvo que renunciar a su intención de modificar una ley que databa de 1987.

El presidente Iglesias concluyó sus mandatos sin haber podido actualizar la regulación de los policías locales. Y entonces llegó el PP. El consejero de Política Territorial e Interior, que ya había sido teniente de alcalde de Servicios Públicos y responsable de la policía Local en Zaragoza, Antonio Suárez, elaboró en 2012 un nuevo anteproyecto, que sería aprobado por las Cortes un año después.

Entre las novedades, permitía a las tres capitales crear agentes de movilidad. Y regulaba, según Suárez, los aspectos "más difíciles»: la segunda actividad, la movilidad de policías entre distintas localidades y la estructura orgánica de los cuerpos. Además, establecía que los municipios de más de 10.000 habitantes debían contar con un cuerpo de Policía y permitía que en el resto se pudiera crear, siempre con un reglamento de organización y funcionamiento.

Pero hasta el mismo día de su aprobación hubo protestas de los policías ante la Aljafería. Y La oposición fue también muy crítica. Lamentó que se hubiera perdido una oportunidad de regular las cuestiones más importantes y acusó al Gobierno de pasar "la patata caliente"a los municipios. Ahora, será el Constitucional quien decida si la norma se excede en competencias.