Tras más de cuatro años de trámites y negativas, se acaba de abrir la vía de los tribunales de la Justicia, concretamente un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, donde se ha presentado una demanda colectiva con más de 120 demandantes. El resto, hasta 200, se incorporará más tarde.

El abogado Fernando Osuna, que lleva el caso en toda España, ha convocado a los afectados y los interesado en una reunión que se celebra en el hotel Conde Aznar de Jaca para explicarles los pasos a seguir en esta pelea jurídica.

Miguel, un policía del 091 en Zaragoza, explica que fue incapacitado por sufrir un accidente grave después de recibir una llamada falsa en la que había un carnicero acuchillado por otra persona y al final fue que se hirió él mismo. "Estábamos al otro lado de Zaragoza y un conductor que iba borracho en 2001 nos embistió. Tengo lesiones en las vértebras y todavía sigo pagándome la rehabilitación y los masajes", explica el policía nacional. Si no perdiera la cantidad de la pensión que se recortó con la aprobación de la ley de presupuestos del Gobierno del PSOE, recibiría 800 euros más cada mes, como los heridos de atentados de terrorismo.

Un guardia civil de Tráfico que reside en Monzón vive la misma situación que el policía. José María explica que era motorista y sufrió un accidente de tráfico grave en 2008 y hasta el 2013 no lo convirtieron en un incapacitado.

"No use el brazo izquierdo, no utilice armas y no conduzca vehículos a motor", me aconsejaron después del accidente. "Tardaron cinco años en reconocerme mi situación. Pero ahora que recibo la pensión, resulta que tengo 800 euros menos que uno que ha sufrido un atentado terrorista, aunque puede ser reconocido por un problema psicológico. Yo tengo daños físicos y psíquicos, pero no nos los reconocen", critica el guardia civil que sufrió el accidente en el cruce desde Binéfar a Barbastro.

La valoración de las limitaciones de las clases pasivas de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen distintas escalas en función de si han sufrido un atentado terrorista o no. Pero la ley aprobada por el Ministerio de Defensa reconoció a los militares fallecidos en misiones internacionales como las víctimas de atentados en España.

El colectivo de más de 200 guardias civiles, policías y militares pensionistas heridos en acto de servicio han iniciado un contencioso-administrativo contra el Estado "en defensa de sus derechos" ya que se sienten "discriminados" en relación con los pensionistas de actos terroristas y quieren cobrar sus pensiones "íntegras, sin que haya limitaciones".

Según un comunicado del despacho del abogado sevillano Fernando Osuna, que asesora legalmente a este colectivo, son más de 200 personas en toda España, que residen en dieciocho ciudades, entre ellas Zaragoza y Huesca.

"Estamos dispuestos en llegar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que nos lo reconozca", señaló Osuna.