Desde que se aprobó la ordenanza de la bicicleta en 2009, el número de multas se ha disparado. Aunque el aumento ha ido de la mano del propio incremento de uso de la bicicleta en la capital aragonesa, también es evidente que el control policial sobre los ciclistas ha crecido sustancialmente en todo este tiempo. En la segunda mitad de 2009 –la ordenanza entró en vigor en el mes de agosto–, se pusieron 139 multas. En su momento, se dijo que la labor de la Policía Local iba a ser más informativa que sancionadora durante los primeros meses.

Sin embargo, la media de sanciones impuestas durante los dos años siguientes fueron similares: 142 en 2010 y 187 en 2011. Es decir, que durante esos dos cursos los agentes ponían una multa cada dos días, aproximadamente. En 2012 y en 2013 se vivió un fuerte incremento en el número de multas impuestas, con 1.221 y 1.300 sanciones, respectivamente, unas tres al día. Sin embargo, fue el año pasado cuando la cifra se disparó hasta las 2.332 denuncias tramitadas por la Policía Local, lo que supone casi 6,4 cada jornada y 16 veces más que en 2009 y 2010.

Fuentes de la Policía Local se limitaron a indicar que el incremento de infracciones ha ido en paralelo al aumento del uso de la bicicleta. Sin embargo, en 2014 no hubo un auge ciclista en la ciudad. Más bien al contrario, se estima que hubo menos desplazamientos en dos ruedas tras la prohibición de circular por las aceras y la obligación de hacerlo por las calzadas en las calles sin carril bici. De hecho, así lo refrenda la caída en el uso del servicio Bizi Zaragoza.

El año pasado fue un curso de cambios en la movilidad en bicicleta, algunos de los cuales supusieron modificaciones de las normas. Además, hubo varias semanas en octubre en la que agentes de la Policía Local estuvieron en huelga de celo, y que se cebaron especialmente con las bicicletas.

Aunque no hay cifras oficiales y desde el Ayuntamiento lo niegan, los colectivos ciclistas denuncian que esos días el número de sanciones se disparó. Algunos agentes aplicaron a rajatabla la sentencia del Tribunal Supremo que, días atrás, había prohibido la circulación de las bicicletas por las aceras. El Gobierno municipal concedió unos días de ‘amnistía’ para informar a los ciclistas antes de multar, pero las denuncias se multiplicaron. Hubo compromiso de revisar las sanciones, pero no hay constancia de que se haya levantado ninguna. De hecho, se abrió expediente a diez agentes que tomaron medidas excesivas contra los buses urbanos, pero no a los que (supuestamente) centraron su actuación en los ciclistas.

Desde los colectivos ciclistas tienen claro a qué se debe el aumento de sanciones del año pasado: "A partir de septiembre hubo un momento en el que el Ayuntamiento perdió los papeles. No sé hasta qué punto es responsabilidad de agentes que iban por su cuenta o no, pero en último término es responsabilidad del Ayuntamiento y del responsable de la Policía, Carlos Pérez Anadón", afirmó Alberto Lorente, de Pedalea.

Una vez superada la huelga de celo, los colectivos ciclistas han pedido "proporcionalidad" en la imposición de las multas, ya que –según denuncian– se estaban imponiendo sanciones graves (de 200 euros) por infracciones leves (36 euros). En el último pleno el Gobierno municipal se comprometió a que todas las infracciones de ciclistas pasen a considerarse leves, salvo que se ponga en grave riesgo la seguridad de los viandantes o de otros protagonistas de la movilidad urbana. "Aún no hemos podido comprobar si se está cumpliendo", dijo Lorente.