Pinilla: "No hubo decretazo, la obra no se recepcionó porque solo urbanizaron una de las 57 calles"

La exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, regresó ayer a los juzgados de Zaragoza para hacer frente a una querella por prevaricación que podría suponerle hasta 16 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Nada tiene que ver este asunto con la Operación Molinos, en la que encabeza la lista de 41 imputados y por el que le piden 37 años de prisión. De hecho, esta última causa esta atascada en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y todavía no hay fecha para la celebración de juicio. En la vista que comenzó ayer –y a la que aún le quedan dos sesiones–, únicamente se trata de dirimir si Pinilla bloqueó de forma intencionada e injustificada la recepción de las obras de urbanización del Alto de La Muela, que abarcan una superficie de un millón de metros cuadrados y en las que estaba previsto construir 1.500 viviendas. Quienes denunciaron a la exalcaldesa fueron los propietarios de estos suelos, que cifran en más de tres millones y medio de euros lo que les ha costado la negativa de Pinilla.

"No hubo ningún decretazo por mi parte, la obra no se recepcionó porque ustedes solo urbanizaron una de las 57 calles previstas", contestó ayer al abogado de los denunciantes la que fuera alcaldesa de La Muela a lo largo de 24 años. Durante casi dos horas de declaración –en las que solo se hizo un receso para que pudiera tomar la medicación–, Pinilla contestó a todas y cuantas preguntas se le formularon. Pero si algo quiso dejar claro es que ella no desoyó a nadie y que siempre actuó basándose en la opinión y los informes de los técnicos. "Porque ni yo ni ningún alcalde podemos saber de todo. Y mucho menos de cuestiones tan complejas como las de urbanismo. Para eso están los técnicos, los funcionarios y los abogados, a los que se paga un dineral para que no nos caiga un tsunami como el que me acaba de caer a mí", manifestó la exalcaldesa, quien dejó el cargo en 2011.

Tanto la Fiscalía –que le acusa de un delito de prevaricación y pide ocho meses y medio de inhabilitación– como la junta de compensación del Alto de La Muela –que le imputa dos prevaricaciones y solicita 16 años de suspensión para empleo o cargo público– consideran que Pinilla hizo caso omiso a un informe del arquitecto municipal y a un acuerdo plenario, ambos a favor de la recepción de las obras de urbanización.

Sin embargo, la exmandataria municipal negó que hubiera un acuerdo definitivo para recepcionar esos trabajos y llegó a asegurar que los denunciantes han presentado como prueba un acuerdo de alcaldía falsificado. En ese documento, que obra en la causa, la entonces alcaldesa dice que las polémicas obras de urbanización están en condiciones de ser recepcionadas.Sin embargo, en ese documento no figura su firma. "Qué sentido tiene que yo pidiera que se redactara un documento que no iba a firmar. Ese decreto es falso, ni se corresponde con el modelo que nosotros usamos ni tiene numeración", manifestó la acusada.

María Victoria Pinilla dijo no entender por qué los denunciantes presentaron una querella contra ella en lugar de presentar un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de La Muela. "¿Qué tienen ustedes contra mí? ¿Qué les he hecho yo?", llegó a preguntar al letrado de la acusación particular. Pinilla citó incluso el dicho de "a río revuelto ganancia de pescadores", en un intento de entrever a qué obedece la querella. "Pero puedo imaginarme muchas otras razones, como las de ocultar la deuda millonaria que estos señores tenían con el Ayuntamiento cuando yo me marché", manifestó.

La acusada negó también que ella se negara a expropiar los terrenos necesarios para ejecutar los ramales que iban a conectar la urbanización con el colector general de aguas residuales. "Se incoó el expediente, pero fueron ustedes mismos los que introdujeron luego un modificado, posiblemente para ahorrar, en el que reducían a seis los ramales. Y con ese cambio, que ustedes mismos propusieron, no hacía falta expropiar a nadie", indicó Pinilla.

La exalcaldesa de La Muela llegó a los juzgados con la única compañía de su abogado, Fernando Rodríguez, y tuvo que aguardar una hora hasta que comenzó el juicio, inicialmente previsto para las 9.30. La causa del retraso fueron los problemas técnicos para conseguir que llegara la señal de audio y vídeo a la sala de prensa de la Ciudad de la Justicia, que fue dotada de la más moderna tecnología pero que apenas ha podido utilizarse desde que se inauguró el recinto judicial de la Expo en mayo de 2013.

En cuanto a la exalcaldesa, se mostró paciente y de buen humor, con un trato muy correcto hacia los numerosos periodistas que la esperaban. Apenas hizo declaraciones fuera de la sala de vistas, pero cuando se le preguntó por el juicio por la Operación Molinos dijo que lo espera todo "muy bien".