El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha impuesto una fianza civil de 800 millones de euros por la salida a bolsa de Bankia al entender que hay indicios "racionales y fundados" de que se falsearon las cuentas incluidas en el folleto de salida a bolsa. El auto señala que del informe pericial –realizado por dos inspectores del Banco de España– se desprende "con toda rotundidad" que las cuentas de la entidad presentadas en el folleto de salida a bolsa "no expresaban la imagen fiel" de Bankia, una conclusión que no contradice el contrainforme encargado por Bankia, según el auto.

El juez impone la fianza de forma solidaria a Bankia, al Banco Financiero de Ahorros (BFA) que es la matriz de Bankia, y a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, Jose Manuel Fernández Norniella y José Manuel Olivas, ya que los cuatro aprobaron la inclusión de esas cuentas en el folleto como miembros del Consejo de Administración de Bankia (Rato era presidente de la entidad y Francisco Verdú, consejero delegado). El plazo para depositar la fianza es de un mes. Tanto Bankia como BFA han anunciado que recurrirán el auto, para lo que disponen de tres días si lo hacen ante el juez Andreu y de cinco si lo presentan ante la sala de la Audiencia.

Las acciones de Bankia cerraron ayer con una subida del 5,56%, sin que la decisión del juez tuviera apenas impacto en su cotización. Los mercados ya habían descontado la fianza y su probable cuantía tras las declaraciones del ministro de Economía. Luis de Guindos, que calculó en 600 millones de euros la probable indemnización a la que tendrían que hacer frente BFA y Bankia.

Bankia obtuvo 3.092 millones de euros en la salida a bolsa, de los cuales 1.800 fueron aportados por inversores minoritarios. El juez ha calculado sobre este importe la fianza mínima que determina la ley –un tercio de la responsabilidad pecuniaria a la que tendrían que hacer frente si en el juicio se determina que hubo delito más un tercio de esa cantidad–. De esta forma, el auto estima "proporcionada, adecuada y justificada a los fines" la cantidad de 800 millones, que sería una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios (1.800 millones), es decir, 600 millones más un tercio de dicha cantidad, por lo que la cifra asciende a 800. El juez recuerda que la ley permitirá ampliar o reducir esa cifra, según la evolución del proceso judicial.

Rato ya ha tenido que hacer frente a una fianza de tres millones de euros por la pieza separada del caso Bankia referida a las tarjetas opacas. En ese mismo asunto, la fianza impuesta a Miguel Blesa ascendió a 16 millones de euros.

Con el informe pericial de los inspectores del Banco de España y lo instruido hasta el momento, el juez considera que se ha podido cometer un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 282 bis, que castiga a quienes como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en el folleto de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes. Para Andreu, "ya existen suficientes indicios, racionales y bastantes, de criminalidad". En primer lugar, se produce una falsedad "al tratarse de un relato incompatible con la verdad", explica, puesto que los estados financieros de Bankia y BFA "desde su constitución hasta los reformulados en mayo de 2012 no expresaban la imagen fiel de dichas entidades". Unos meses después del estreno bursátil, las cuentas se reformularon para contabilizar saneamientos adicionales de activos y préstamos inmobiliarios que al menos en parte se correspondían a fechas anteriores a la salida a bolsa, advertían los peritos. La entidad tuvo que ser rescatada con 22.400 milloens de euros de dinero público y la reformulación de cuentas afloró pérdidas de 2.790 millones.

Esa falsa información a los inversores les produjo un resultado lesivo. Los títulos de la entidad salieron a 3,75 euros, pero con el rescate se hundieron a una ínfima parte, por lo que los inversores perdieron el 99% de su inversión. No obstante, es de "muy difícil y laboriosa" cuantificación en estos momentos el perjuicio para los accionistas, reconoce el auto, pues existen inversores que vendieron sus acciones a un precio mayor del que las compraron, otros que las vendieron a un precio inferior y un tercer grupo que aún conserva la inversión aunque haya mermado mucho.

El auto constata que aún está lejos de cerrarse la instrucción y que la apertura de la fase de juicio oral no se encuentra cercana, lo que justifica el aseguramiento de las responsabilidades. "La medida cautelar adoptada no pretende poner en duda la viabilidad económica y financiera de Bankia", dice el auto, "pero se debe tener presente que esa viabilidad se debe, precisamente, al hecho de haber recibido 22.400 millones de euros en ayudas públicas".

A los cuatro exmiembros del Consejo de Administración se les requiere en tanto que fueron responsables del acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Bankia de 15 de junio de 2011 que supuso la aprobación de los estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a bolsa, y "cuya veracidad está cuestionada con sólidos y fundados indicios". Al tratarse de una fianza solidaria, no existe un reparto cuantificado entre cada uno de los imputados, aunque el grueso (se baraja un 60%) será asumido por BFA y Bankia.