La reforma de la administración permite ahorrar 18.000 millones
A esta cantidad, a cargo del Estado, las comunidades y los ayuntamientos, hay que sumar 1.700 millones de los particulares.
El Gobierno cifra en 18.000 millones de euros el ahorro público logrado con la reforma de las administraciones públicas desde el inicio de la legislatura entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y en otros 1.700 millones el ahorro de empresas y particulares, al evitarse trámites y acortarse plazos. Así lo explicó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, en el que el Gobierno ha aprobado dos anteproyectos para cambiar el funcionamiento interno de las administraciones y su relación con los ciudadanos, a través de las leyes de régimen jurídico y de procedimiento administrativo. Según dijo, servirán para apuntalar las reformas emprendidas.
La vicepresidenta subrayó que están totalmente implantadas o en fase final el 85% de las medidas aprobadas por la comisión para la reforma de las administraciones (CORA). Entre otras cosas, se han suprimido 2.029 entidades instrumentales de todo el país: 675 de las comunidades (llegarán a ser 790), 1.244 de las entidades locales y el resto, del Estado.
La vicepresidenta defendió el esfuerzo de todas las administraciones y explicó que esos 18.187 millones de ahorro son una cifra "pareja" a los 16.000 de deuda sanitaria que el Gobierno actual "se encontró" y ha tenido que afrontar. "Fíjense si ha sido útil la reforma", dijo.
Por administraciones, Sáenz de Santamaría precisó que el ahorro generado en el Estado y su sector público alcanza los 4.773 millones; en las comunidades autónomas suma 10.510 millones y en las entidades locales, 2.904 millones.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que las dos reformas de ley que empiezan a andar tienen como objetivo mejorar el funcionamiento interno de la administración y su relación con los ciudadanos. Entre otras cosas, el Gobierno impulsará el uso de las nuevas tecnologías, que será obligatorio en la relación entre administraciones y entre estas y las empresas. "Queremos llegar completamente a la administración electrónica, en la que desaparecerá el papel y que estará totalmente interconectada. Tiene ventajas grandes para los ciudadanos", dijo. Para ello, se va a simplificar la identificación de los ciudadanos y el sistema de firma electrónica y será la administración la que busque copias de documentos ya registrados electrónicamente.
