Shura Pilarces, zaragozana de 30 años, su marido Óscar, y sus hijos de siete y cinco años ya se habían empezado a preparar ante su inminente desahucio, que iba a efectuarse el próximo lunes, 12 de enero. Este matrimonio vive en un piso de alquiler en la calle de Pontevedra, en el barrio de Torrero. Los dueños del inmueble pusieron una demanda de desahucio cuando Shura y Óscar les dejaron de pagar, ya que ambos se quedaron sin empleo hace cuatro años y han subsistido con pequeños contratos y con el apoyo de los servicios sociales. Finalmente, esta familia y la plataforma Stop Desahucios recibieron ayer, a las 8.00, la noticia de que el juzgado había paralizado el desalojo.

La plataforma de Zaragoza había solicitado que la familia de Shura pudiera acogerse al convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial para el realojo de familias en riesgo de exclusión social, aunque no saben "si esta puede entrar en el convenio". Según el acuerdo, la familia tiene un plazo de varios días para recibir el alquiler social y, entonces, se efectuará el desahucio, cuando ya tengan otra vivienda a la que poder ir.

Hace poco más de un mes, Shura empezó a trabajar con un contrato de media jornada como camarera y percibe un sueldo muy justo para poder pagar un alquiler social. Además, la familia acumula ciertas deudas debido a la situación de desempleo de ambos. Esta tesitura les impediría acceder a un piso público, pero Shura confía "en poder negociar".

Reducción de los desahucios

Según publicó el CGPJ, en Aragón los desalojos cayeron un 7% durante el primer semestre de 2014. Cada semana, una veintena de familias se ve afectada por la falta de ingresos, que les impide hacer frente al pago de sus hipotecas o alquileres. A día de hoy, es el segundo caso, como el de Shura, el que más se repite.

Pablo Híjar, portavoz de Stop Desahucios, critica que el parque público de vivienda es "insuficiente" y que el convenio entre DGAy CGPJ "no funciona". Explica que es necesario que las administraciones públicas "se involucren más para garantizar el derecho a una vivienda". De momento, Shura y su familia quedan a la espera de recibir el alquiler social, que solicitaron a mediados de diciembre.