El informe pericial revela "fallos" de control interno en el Consejo del Jamón

El informe pericial encargado por el juez que investiga presuntas irregularidades económicas en la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) del Jamón de Teruel concluye que esta institución, financiada en parte por subvenciones del Gobierno aragonés, así como su filial Promorigen, mantuvieron un "deficiente" control interno entre 2009 y 2013.

El documento, que ha servido de base al magistrado para interrogar a los más de 20 imputados que hay ya en la causa, señala que en la contabilidad de las compras y gastos existen fallos, entre ellos, no figurar la firma con el visto bueno del responsable de la acción, no adjuntar los albaranes de entrada ni los presupuestos y no indicar la razón de la factura. Además, el técnico que elaboró el informe destaca que muchas facturas emitidas por el CRDO no cumplen la normativa al aceptar del proveedor papeles sin la fecha o la referencia al IVA.

El perito añade que en la liquidación de gastos a través de la tarjeta visa no se confeccionaba el habitual documento de ‘rendición de viaje’ en el que figurase, entre otros datos, el motivo del mismo, quién gastaba o cuántos días duraba. Las mismas o parecidas deficiencias se observaban en los comprobantes de comidas, de los que existen "una cantidad elevada", en las facturas por adquisición de jamones para actividades promocionales y en los registros de los gastos menores.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, señala que también hubo déficit de control sobre el dinero en efectivo que el entonces gerente del CRDO, Fernando Guillén, retiraba con la tarjeta de crédito, pues este adjuntaba los comprobantes a los tiques que presentaba por la liquidación de la tarjeta. Cuestiona, además, la conveniencia de extraer dinero con la visa y pone el ejemplo de que por la retirada de 500 euros, la entidad bancaria cobró 10 euros por el servicio.

El trabajo realizado por el experto independiente a instancias del Juzgado pone también de manifiesto que existen partidas de gastos y compras que suman algo más de 243.000 euros que no fueron aprobadas por el pleno al ser su importe superior al 2% del presupuesto anual. Todo ello, unido a la ausencia de vocales en los plenos del CRDO, serían signo de "dejadez", de un ambiente de falta de control interno y de una opacidad del gasto "muy elevada".

El técnico explica que estas deficiencias le han hecho imposible detallar qué gastos personales del gerente y del director de certificación del CRDO han podido ser registrados como gastos sociales en el Consejo y en Promorigen. Sin embargo, afirma que, al margen de estos dos trabajadores, las pruebas han detectado gastos y compras "que no están razonablemente justificados" por un importe de 199.891,95 euros y 84.442,05 euros en el Consejo y en Promorigen, respectivamente. Incluye en la lista la revisión de un vehículo que no es propiedad del Consejo, la compra de tres relojes Tous sin destinatario o la devolución a través de la Agencia Tributaria de 150.000 euros que en realidad debía reintegrar Promorigen.

El estudio dice que el CRDO no atravesaba una situación boyante, pues demoraba los pagos a proveedores, y que este organismo no puede subsistir con los ingresos que generan las tasas por su actividad, por lo que necesita de las subvenciones de terceros. Peor era la situación de Promorigen, que "tuvo pérdidas desde su constitución, estando en causa de disolución desde diciembre de 2010". El caos contable, al no aprobar nunca el Pleno del Consejo las cuentas anuales ni mantener una contabilidad de acuerdo a la ley, es otro de los problemas que arrastraba el CRDO, cuyos responsables entre 2009-2013 están ahora imputados.