El principal punto de desacuerdo se refiere a la inclusión en la ley –a iniciativa del PAR, que presentó una enmienda– de la nueva figura de "reserva natural fluvial" dentro de la categoría de áreas naturales singulares, y a su posterior regulación. Según fuentes del Ejecutivo aragonés, el Estado entiende que esta previsión entra en colisión con la legislación en materia de agua y con los planes hidrológicos de cuenca, de competencia estatal y en los que también se crea esta figura.

La actual ley aragonesa establece que las reservas naturales fluviales tienen la finalidad de "preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana". Una vez incluidas en los planes hidrológicos (el del Ebro, en este caso), añade la norma, el Gobierno de Aragón "ejercerá las competencias propias de gestión de los tramos de reservas naturales fluviales cuyo territorio se encuentre en la Comunidad Autónoma", en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El plan hidrológico, aprobado el pasado febrero, plantea la declaración como reservas naturales fluviales de un total de trece tramos de ríos "caracterizados por ecosistemas acuáticos que se encuentran en muy buen estado", entre los que figuran los nacimientos del Ara, el Matarraña o el Vallibierna. Todos están integrados en espacios de la Red Natura 2000.

La DGA considera que se trata de "un caso de competencias concurrentes: por un lado, las autonómicas en materia de protección de la flora, fauna y biodiversidad y espacios naturales, y por otro, la competencia estatal sobre el dominio público hidráulico". Pero el Ejecutivo de Rudi no está dispuesto a ceder en su posición, por lo que el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, señala que "tendrá que ser el grupo de trabajo designado al efecto el que solucione esta discrepancia".

Ese grupo es la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos, que se encarga de negociar este tipo de asuntos, según el reglamento de funcionamiento de la Comisión Bilateral Aragón-Estado. Tras publicarse en julio en el BOA la nueva ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas planteó a la DGA sus reparos y en octubre se acordó entablar conversaciones, lo que a su vez implica una ampliación a nueve meses del plazo de tres fijado para presentar recursos de inconstitucionalidad.

El de las reservas fluviales será el principal escollo, aunque el Estado también puso pegas a otros dos puntos de la ley relativos la planificación de los espacios naturales protegidos, ya que se omitía la competencia de Madrid para apreciar, "mediante decisión motivada las razones imperiosas de interés público de primer orden", qué actuaciones pueden contravenir dichos planes cuando esas actuaciones sean de competencia estatal –como acaba de ocurrir con las obras del pantano de Mularroya–. La DGA ha reconocido la omisión y ha anunciado que la corregirá.