El Ministerio retomará las obras de Mularroya pese a que la evaluación ambiental es negativa

Esta posibilidad está prevista en la Directiva Hábitats, la misma normativa europea que impide ejecutar proyectos que afecten a las áreas de la Red Natura 2000 –zonas de especial interés para las aves (ZEPA), lugares de interés comunitario (LIC)...–. Sin embargo, los opositores al pantano recuerdan que no basta con alegar la existencia de las "razones imperiosas de interés público de primer orden" que exige esa legislación, sino que también hay que argumentarlas. "Además de decirlo hay que probarlo, y como no es cierto recurriremos esa declaración en los tribunales", avisa el delegado en Aragón de la ONG ecologista SEO/Birdlife, Luis Tirado.

De este modo, todo apunta a que la construcción del embalse de Mularroya seguirá estando judicializada. Hay que recordar que las obras permanecen bloqueadas desde marzo de 2013 porque el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2009 anuló la primera declaración de impacto ambiental del pantano y en consecuencia también el anteproyecto y el proyecto.

Tras ordenar la paralización de los trabajos, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el aragonesista Xavier de Pedro, anunció que la construcción del embalse podría retomarse a principios de 2014. Sin embargo, casi dos años después todavía no se ha formulado la nueva declaración de impacto ambiental, lo que significa que todavía faltan como mínimo varios meses más para que puedan retomarse las obras.

No obstante, en la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de noviembre la ministra García Tejerina no tuvo inconveniente en adelantar que la nueva declaración de impacto iba a ser positiva. Esto indignó a los opositores al pantano de Mularroya, pero la explicación llegó tras el Consejo de Ministros de la semana pasada, cuando se hizo público que la construcción del embalse se había declarado de interés público de primer orden. No obstante, entonces no se explicaron las razones de esa decisión.

En su artículo 6, la Directiva Hábitats establece que los proyectos que afecten a las áreas incluidas en la Red Natura 2000 –en el caso de Mularroya, las hoces del Jalón, que han sido declaradas LIC y ZEPA– solo podrán ser aprobados "tras haberse asegurado (las autoridades de cada país) de que no causarán perjuicio a la integridad del lugar en cuestión".

Sin embargo, la misma normativa europea permite seguir adelante con un proyecto cuya evaluación ambiental sea negativa si es necesario llevarlo a cabo "por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica". El Consejo de Ministros se acogió a ese procedimiento desvelando así que los resultados de la evaluación ambiental han sido negativos.

La declaración de interés público de primer orden, que por definición tiene carácter excepcional, obliga al Estado en cuestión a adoptar "cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede protegida" y a informar sobre ello a la Comisión Europea. Es decir, a cambio de autorizar los impactos negativos en las hoces del Jalón, el Ministerio tendrá que realizar actuaciones que favorezcan la Red Natura 2000 en ese o en otros puntos.

Según se desprende del comunicado que hizo público la semana pasada, Medio Ambiente ha tomado esta decisión basándose en que el embalse de Mularroya aumentará las garantías de suministro a los regadíos del Bajo Jalón y "en menor medida", a los abastecimientos y los usos industriales. Además, el Ministerio argumenta que se trata de un pantano que fijará la población del medio rural, garantizará el caudal ambiental del río Grío y laminará sus avenidas.

Sin embargo, para los opositores al proyecto la declaración de interés público de primer orden no está justificada, por lo que la recurrirán por la vía contencioso-administrativa igual que impugnaron la primera declaración de impacto ambiental.

En este sentido, SEO/Birdlife destaca que en las hoces del Jalón viven dos especies prioritarias para la UE: el águila perdicera y una planta muy amenazada, la ‘Centaurea pinnata’. "La Directiva Hábitats establece que los proyectos que afecten a especies prioritarias solo podrán autorizarse por razones relacionadas con la salud y la seguridad –explica Tirado–. Evidentemente, en el caso del embalse de Mularroya esas condiciones no se cumplen".

El delegado de SEO/Birdlife también adelanta de que los opositores abrirán otro frente presentando una queja ante la Comisión Europea si consideran que las medidas compensatorias a las que está obligado el Ministerio no son suficientes o no se llevan a cabo.