La Audiencia no ve delito en la actuación de 16 guardias civiles en la carga de Artieda

La Audiencia Provincial ha ordenado archivar la causa contra los 16 guardias civiles que participaron en la carga de Artieda del 10 de octubre de 2012 por considerar que su actuación no es constitutiva de delito. Sin embargo, no han corrido la misma suerte los ocho manifestantes que también recurrieron el auto y la sala ha acordado que continúe el procedimiento contra ellos por delitos de desórdenes públicos, atentado o desobediencia, resistencia a los agentes de la autoridad y lesiones.

Los magistrados de la Sección Primera estiman el recurso de apelación contra los funcionarios, ya que considera que los agentes trataron de desalojar a los concentrados en la A-1601 que intentaban impedir el acceso a Artieda a los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Ebro que iban a formalizar las expropiaciones para el recrecimiento del embalse de Yesa. Y lo hicieron, según detalla el auto, "utilizando la fuerza mínima imprescindible, iniciándose un forcejeo entre ambos bandos, al término del cual presentaban lesiones alguno de los manifestantes, así como agentes de la Guardia Civil".

Además, recuerda que las personas allí concentradas (unas 150) no atendieron la orden recibida y persistieron en su actitud. Considera que la actuación de los agentes es "ajustada a derecho" y, por eso, asegura que se hace "innecesaria" la declaración en calidad de imputados de algunos mandos de la unidad.

En cuanto a la petición para archivar las actuaciones contra los manifestantes, esta ha sido desestimada: "La naturaleza de los hechos que se les imputan y la existencia de inicios racionales de criminalidad, derivados de las grabaciones aportadas a la causa, y de los partes de lesiones de los agentes de la autoridad, impiden decretar el sobreseimiento libre y archivo".

La Audiencia valora que el uso de las defensas de los agentes fue consecuencia de la "violencia activa ejercida contra ellos por los manifestantes" y detalla que se resistieron "activamente" a la actuación policial. Recalca también que trataron de efectuar el desalojo "de forma pacífica" y "agotando la vía del diálogo". El tribunal subraya, además, que la concentración no fue comunicada ni autorizada por la Subdelegación del Gobierno, que implicaba el corte de una carretera.