PSOE e IU piden a Beamonte que reponga en su puesto a la exinterventora de la DPZ

El presidente eludió valorar la sentencia que ha anulado el cese de la funcionaria y dijo que decidirá si recurre cuando la haya estudiado.

El PSOE e IU pidieron ayer al presidente de la Diputación de Zaragoza, el popular Luis María Beamonte, que reponga en su puesto a la exinterventora de la institución. Un juzgado acaba de anular el polémico cese de la funcionaria basándose en que la DPZ no expuso las razones que le llevaron a destituirla, lo que ha llevado a los socialistas y a Izquierda Unida a reclamar que Pilar Santafé vuelva a ocupar el cargo que desempeñó durante 16 años.


Por su parte, Beamonte aseguró que ayer a mediodía la Diputación todavía no había recibido la sentencia y eludió hacer cualquier valoración al respecto. "No he tenido la posibilidad de leerla y sería muy precipitado por mi parte emitir alguna opinión sobre ella", se limitó a decir el presidente, que tampoco aclaró si piensa recurrir el fallo –la decisión la tomará una vez que lo haya estudiado–.

Santafé fue nombrada interventora general de la DPZ en 1997 y se mantuvo tanto con el PP como con el PSOE. Sin embargo, en agosto de 2013, el vísperas del puente de la Asunción, Beamonte anunció su destitución alegando "falta de sintonía", "cuestiones de funcionamiento interno de la casa" y "enfrentamientos y tensiones entre distintos departamentos".


El problema de fondo es que la funcionaria fue nombrada por libre designación, no por concurso, de forma que igual que la eligieron la pueden destituir. No obstante, tanto Santafé como el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros decidieron impugnar el cese porque no estuvo motivado –el decreto no explicó las razones por las que se tomó esa decisión–.


En su recurso, Santafé también alegó que fue destituida porque su labor de control incomodaba al equipo de gobierno de la DPZ. No obstante, la juez no ha entrado a valorar esa cuestión y se ha limitado a anular el cese por su falta de motivación –al no explicarse las causas, no se puede determinar si esas razones se ajustan a derecho–.


Ahora Beamonte debe decidir se recurre la sentencia, si repone a Santafé en el puesto de interventora o si la vuelve a cesar de forma motivada. No obstante, en este último caso las causas que alegue no podrán ser políticas, sino técnicas, y la interesada podrá volver a recurrirlas si considera que no son ciertas o que incumplen la legislación.


Ayer, el portavoz del PSOE en la DPZ, Martín Llanas, apostó por que Santafé vuelva a ocupar su antiguo cargo. "Como alcalde, siempre he defendido que tenemos que convivir con las dificultades que nos ponen los secretarios y los interventores, porque además en un pleito con los políticos ellos siempre tienen las de ganar –opinó–. En su día ya le aconsejé al presidente que siguiera con la interventora que tenía y ahora, visto lo que ha pasado, sigo pensando lo mismo:que lo mejor es que esta persona vuelva a su puesto".


El diputado de IU, José Ángel Miramón, se mostró aún más crítico. "Cuando cesaron a Pilar Santafé nosotros ya denunciamos que la destitución se debía a cuestiones políticas: a los reparos que ponía y a los informes que emitía –recordó–. La juez no ha llegado a valorar eso, pero si el equipo de gobierno no motivó el cese fue porque no podía reconocer cuáles fueron las verdaderas causas de la destitución". Miramón exigió que la funcionaria vuelva a su puesto y recordó que la plaza de tesorero –la que ocupaba el actual interventor– sigue vacante. "Por algo no la han cubierto, porque temían que esto pudiese pasar", destacó.


El representante de CHA, Bizén Fuster, se mantuvo en la tesis que ya defendió cuando Santafé fue cesada. "Para mí lo cuestionable es que exista la figura de la libre designación en las diputaciones, pero una vez que existe hay que asumir que, igual que te pueden nombrar, te pueden cesar –defendió–. No creo que la sentencia tenga mucha transcendencia porque parece claro que, recurra o no, el presidente ha perdido la confianza en Pilar Santafé y volverá a cesarla".


Por su parte, el portavoz del PAR, Máximo Ariza, siguió la línea marcada por sus socios de gobierno. "Hasta que la Diputación no tenga la sentencia prefiero no pronunciarme", señaló.