Un día después de que se confirmara el cierre del cuartel Sancho Ramírez de Huesca en 2016, los grupos políticos y las entidades vecinales plantearon ayer hacer un frente común para al menos exigir compensaciones. Yes que supondría el desmantelamiento del último cuartel que queda en la capital tras la clausura en los años noventa de La Merced y Alfonso I, que supuso la pérdida de más de 1.000 soldados.

Aunque Defensa ya ha anunciado que las instalaciones del Sancho Ramírez "dejarán de ser necesarias para los intereses del Ejército de Tierra a lo largo del año 2016", políticos y vecinos creen que aún no hay que arrojar la toalla. Así, el nuevo presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, Javier Moreno, cree que hay que intentar "negociar"con el Ministerio. "Es cierto que en un asunto que afecta a la Defensa nacional lo veo difícil si es un plan para ahorrar costes, pero aún así se podría pedir que trajeran otros servicios a cambio. Y si no se puede conseguir nada, lo justo sería que ya que en su día se les cedió el terreno para el cuartel, que ahora lo devolvieran también gratuitamente para que además de los empleos, no nos quedemos también sin suelo", manifestó.

Desde la Asociación de Vecinos del Perpetuo Socorro, barrio donde se ubica el cuartel, admitieron que ya esperaban que tarde o temprano el Ejército prescindiera del cuartel Sancho Ramírez "y aunque 250 puestos de trabajo son una pérdida importante, sería mucho peor que fuera una industria", dijo la presidenta, Puri Broto. Reconoció que este cierre puede afectar económicamente a los comercios y servicios del entorno, pero también quiere ser optimista y espera que el desmantelamiento sirva para revitalizar el barrio dando nuevos usos a los edificios y terrenos del cuartel: el nuevo parque de bomberos, un centro de día para mayores, una escuela de música, un centro de artes escénicas, talleres de empleo, instalaciones deportivas de uso gratuito o una zona verde que separe la zona industrial. "Históricamente siempre hemos pedido más espacios públicos en el Perpetuo para que la gente del resto de la ciudad también venga a nuestro barrio", recordó Broto.

Después de que el viernes tanto la alcaldesa, Ana Alós, como el portavoz del PSOE, Luis Felipe, mostraran su oposición a la decisión del Ministerio, ayer hicieron los propio PAR, IU y CHA. Fernando Lafuente, portavoz del Partido Aragonés, expresó su rechazo al cierre "porque supondría eliminar unos 250 puestos de trabajo en la ciudad y el traslado de decenas de familias, con un negativo efecto económico en suministros, consumo, servicios… y también desde el punto de vista social". Confía en que grupos políticos, entidades ciudadanas y el Gobierno de Aragón "adopten una postura de unidad para reclamar la permanencia del cuartel". Pero en caso de que la decisión sea irrevocable , espera que al menos no se confirme el "previsible intento"de rentabilizar los terrenos por parte del Estado y que Huesca obtenga compensaciones.

Para CHA, el cierre supone un "golpe muy fuerte" para la ciudad. Su portavoz, David Félez, criticó por ello al alcaldesa "porque es una prueba más de la nula influencia que tiene con sus compañeros de partido tanto en Madrid como en Zaragoza porque hace unos meses dijo que le habían garantizado que hasta 2017 no iba a haber ningún movimiento". De cerrarse definitivamente, espera "que el Gobierno no especule y no nos exija de nuevo una compensación por unos terrenos que cedió en su día la ciudad".

También IU lamentó la "repercusión económica", pero destacó que "cuando una noticia así se valora desde el impacto económico, demuestra que el problema de fondo no es que un cuartel se cierre, sino que esta ciudad lleva muchos años sin trabajar políticas para potenciar actividades que puedan consolidar la población", criticó Pilar Novales, quien también apoyó la reivindicación vecinal de destinar el cuartel a equipamientos públicos.