Los alrededor de 150 socios damnificados por el sorpresivo cierre del gimnasio Dream hace ahora casi dos años serán finalmente indemnizados. Según ha podido saber este periódico, los dueños del popular establecimiento –ubicado en la avenida de Cesáreo Alierta de Zaragoza– han decidido abonarles un total de 15.000 euros, reconociendo así que el inesperado cerrojazo de las instalaciones impidió a los clientes disfrutar de unos servicios que habían pagado por adelantado:mediante cuotas trimestrales, semestrales e incluso anuales. La decisión de compensar económicamente a los afectados se produce en las vísperas del juicio, ya que los cuatro propietarios del gimnasio se sentarán mañana en el banquillo acusados de un delito continuado de estafa. De hecho, con el pago de esta indemnización intentan evitar la pena de tres años de cárcel que la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del letrado Javier Osés, solicitan para cada uno de ellos.

La investigación de este caso se inició a raíz de la denuncia que una usuaria del centro presentó por presunta estafa y a la que se unieron después muchos más socios. La mujer entendía que los 399 euros que había pagado el 27 de septiembre de 2011 –a través de un crédito rápido– como cuota anual le daban derecho a usar las instalaciones y, en caso contrario, a la devolución del dinero. Pero, al igual que el resto de los socios, el 12 de enero de 2012 se encontró con que Endesa había cortado el suministro eléctrico al centro por falta de pago. Desde entonces ya no abrió sus puertas y dejó en la calle tanto a los usuarios como a sus 15 trabajadores.

Los perjudicados por el cierre decidieron crear una plataforma y denunciar los hechos por la vía penal. Lo único que pretendían estos socios es que los acusados –Carlos H. A., Sergio R. G., Armando V. M. y Rubén S. A.– les reintegraran las cuotas que habían adelantado con anterioridad al cerrojazo y que oscilaban entre 102 y 399 euros, en función del periodo contratado.

Según el fiscal, a pesar de que los acusados eran "plenamente sabedores" de la inviabilidad del negocio, ocultaron esa situación a los clientes y dieron instrucciones a los trabajadores para que siguieran cobrando las cuotas a los usuarios, incluso las semestrales y las anuales. De la mala gestión del negocio daba cuenta una demanda por desahucio que se presentó el 24 de noviembre de 2011 por falta de pago, en la que se reflejaban impagos de renta del local desde junio de 2010. "Como consecuencia del engaño, los clientes siguieron abonando las cuotas, en la creencia de que iban a poder usar las instalaciones por el periodo contratado", afirma la acusación. Además, a principios de enero 2012 incrementaron de un día a otro los precios del gimnasio de forma unilateral, y colocaron un guardia de seguridad en la puerta para no dejar entrar a quien no se aviniera a pagar la diferencia.