El nuevo alcalde de Samper del Salz, el popular Alberto Gómez, levantó a principios de año una nave de 440 metros cuadrados en suelo rústico y sin licencia municipal pese a que el Ayuntamiento del que ya era edil le requirió expresamente un proyecto constructivo para tramitar el preceptivo permiso. Gómez reconoció los hechos a este diario el pasado miércoles, lo justificó en la premura de ejecutar la obra para no perder una subvención autonómica y el jueves se decidió a presentar la documentación exigida para legalizar la obra.

El expediente municipal deja en evidencia que la mujer del alcalde solicitó a principios de febrero una licencia de obra menor para "realizar limpieza, contención de muros y montaje de estructura" sobre una parcela rústica a las afueras del municipio. Sin esperar siquiera a tener una contestación, una empresa de Zaragoza contratada por el alcalde y su esposa empezó a levantar la estructura, que estaba muy avanzada cuando a los catorce días se le requirió un proyecto constructivo y se le advirtió de que "en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo las licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico".

El Ayuntamiento no llegó a paralizar los trabajos y en julio solicitó un informe al arquitecto comarcal, Luis Peña, quien comprobó que para entonces se había ejecutado "prácticamente en su totalidad" un almacén de 440 metros cuadrados, con una altura de siete metros.

En su informe, subrayó que la ley urbanística de Aragón establece que para este tipo de construcciones se requiere una licencia, aunque incidió en que el almacén levantado puede ser compatible con la normativa aplicable.

El arquitecto comarcal apuntó que Samper carece de planeamiento, por lo que se podría considerar la parcela rústica como urbana si se justifica documentalmente la existencia de servicios: "Por la contigüidad con construcciones ya existentes y la cercanía a las redes municipales de infraestructuras, parece que pueda ser considerado como suelo urbano si queda justificado convenientemente en el proyecto".

Por todo ello, aclaró que se podría regularizar la nave siempre y cuando se presentara un expediente de legalización "redactado por un técnico competente y en el que quede justificada su condición de suelo urbano". Para ello, la normativa fija un periodo de dos meses. El informe concluye que, según la Ley Urbanística, la actuación es sancionable como infracción leve al poderse legalizar. Como propuesta de actuación, recomendó al Ayuntamiento exigir el proyecto de la nave, abrir un expediente sancionador y redactar un plan general para fijar "claramente" los límites del suelo urbano.

El exalcalde, el aragonesista Adolfo Fortún, no llegó a iniciar el expediente antes de perder la alcaldía el martes por una moción de censura impulsada por el actual alcalde. No obstante, el afectado decidió incluir en el orden del día del pleno del viernes la posibilidad de que el Ayuntamiento le sancionara, aunque no salió adelante. Con la dimisión de dos ediles aragonesistas hace unos meses, el PP tiene ahora tres concejales y el PAR, dos.

El recién estrenado alcalde excusó la irregularidad en el hecho de que estaba pendiente del cobro de una subvención autonómica y debía justificar que la obra estaba avanzada. "Siempre dije en el Ayuntamiento que iba a legalizar la obra", argumentó antes de señalar que un mes después de pedir un permiso de obra menor remitió por correo electrónico al secretario municipal una memoria técnica de la nave, lo que, dijo, se le requirió verbalmente. "Luego me contestó que esta documentación no era válida y que quería un proyecto", añadió.

Alberto Gómez explicó que si no presentó hasta el jueves el proyecto, visado por el Colegio de Arquitectos el pasado 20 de noviembre, fue porque la empresa contratista tenía "bastante trabajo" en verano. El documento, aclaró, se ha ajustado a los requerimientos del arquitecto comarcal, con el que se reunió junto a responsables de la contratista para legalizar la obra.

El alcalde recordó que hace dos años levantó una fábrica de mermeladas en el municipio y se esperó a tener todos los trámites pese a que, apuntó, se demoraron más de un año. De esta forma, pretendió demostrar que su intención es cumplir la ley.