Exigen igual pensión que las víctimas del terrorismo

Un colectivo de más de 200 guardias civiles, policías y militares pensionistas heridos en acto de servicio han iniciado un contencioso-administrativo contra el Estado"en defensa de sus derechos" ya que se sienten"discriminados" en relación con los pensionistas de actos terroristas y quieren cobrar sus pensiones"íntegras, sin que haya limitaciones". Según un comunicado del despacho del abogado sevillano Fernando Osuna, que asesora legalmente a este colectivo, son más de 200 personas en toda España, que residen en dieciocho ciudades, entre ellas Zaragoza.

Tras más de cuatro años de trámites y negativas, acaban de abrir la vía de los tribunales de Justicia, concretamente un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, donde se ha presentado una demanda colectiva con más de 120 demandantes. El resto, hasta 200, se incorporará más tarde.

Según Osuna, el problema que plantean es"exclusivamente referido a las pensiones extraordinarias de retiro o jubilación", pues los militares y agentes afectados por esta situación cobran entre 1.200 y 1.800 euros al mes, según las circunstancias, y en caso de cobrar sus pensiones íntegras, éstas estarían en torno a los 2.300 euros mensuales.

Consideran los demandantes que son"servidores del Estado" y padecen una incapacitación acaecida en"acto de servicio o como consecuencia del mismo". Y que por la propia"peculiaridad intrínseca de la profesión, son más vulnerables a sufrir accidentes o atentados terroristas, dando lugar al agravio comparativo respecto a sus compañeros en circunstancias similares, con la salvedad de que éstos fueron víctimas de atentados terroristas".

El problema se remonta a 1984 cuando el Gobierno central decidió reducir, de manera temporal, sus pensiones alegando motivos económicos, dada la coyuntura de aquellos años. Sin embargo, Osuna denuncia que a día de hoy se ha mantenido esa reducción."Los militares, policías y guardias civiles consideran que no había justificación para dicho límite, que se estableció sin una base que lo fundamentase, y que fue una medida provisional que se sigue manteniendo", explicó.

Únicamente están excluidas de la aplicación de dicho límite las pensiones derivadas de actos de terrorismo, así como la prestación complementaria que otorga tanto el mutualismo administrativo, como la Seguridad Social, en concepto de gran invalidez (50% de la pensión).