Los vecinos de las zonas saturadas exigen la insonorización de los locales de copas

Es un tema tan sensible que cada vez que salta a la palestra se hieren susceptibilidades. Es un asunto tan espinoso que las veces que Urbanismo ha intentado aprobarlo en sus reuniones de gerencia o se ha sacado del orden del día a última hora o no se ha llegado a votar porque los grupos municipales han pedido un debate más sosegado. Esto último ocurrió el jueves con la modificación de la ordenanza de distancias mínimas, que el Ayuntamiento –no obstante– tiene previsto aprobar en el pleno de diciembre. Mañana, en consecuencia, se celebrará una reunión técnica en la que se dirimirán asuntos relevantes como la necesidad de revisar el catálogo de zonas saturadas (que data de los años 90) o de vincular las nuevas licencias de los locales con certificados de insonorización para que nunca superen los 85 decibelios.

La nueva normativa de bares obliga a cambiar la clasificación de algunos establecimientos y acaba con la dicotomía existente entre ‘pubs’ y ‘bares de música’. En lo práctico, eso significa que muchos locales de ocio podrán cerrar más tarde (hasta las 3.30 los fines de semana), lo que ha vuelto a poner en pie de guerra a los vecinos que ‘los sufren’. De nada sirve una disposición transitoria del gobierno municipal para que la norma afecte solo a las licencias nuevas (el resto seguirá con la misma actividad y los mismos horarios que hasta la fecha) porque los afectados creen que los cambios legales dinamitan la actual ordenanza.

Derecho al descanso

"Para nosotros es inaceptable que en donde se concentran muchos bares se aplique esta regulación porque se deja sin efecto el concepto de ‘zonas saturadas’ y tampoco respeta las llamadas ‘distancias mínimas’", lamenta Delia Maza, vecina del Temple, que recuerda que, ahora, en estas zonas los locales están obligados a cerrar a las 1.30. Si se amplía su horario hasta las 3.30, los residentes temen que no puedan conciliar el sueño en toda la noche porque "entre que se recogen sillas, mesas y se echa el cierre, nos dan casi las cinco de la mañana". Por eso, exigen también que los locales de ocio nocturno no podrán ejercer su actividad "más allá del interior del local", por lo que piden que les sea vetado el derecho a veladores y terrazas.

En verano, siete asociaciones de vecinos (de San José, Las Fuentes, Las Delicias, el distrito Centro, el Casco...) apoyados por la Federación de Barrios solicitaron amparo al Justicia y se dirigieron también al Departamento de Interior de la DGA para que su "derecho fundamental al descanso" no se viera amenazado. Calculan que son unos 200.000 ciudadanos los que "llevan más de 30 años perjudicados" y, de nuevo, se encuentran bajo la espada de Damocles de la nueva normativa.

Con este argumento, se han planteado –incluso– llegar al Tribunal Constitucional si el cambio horario de los bares fomenta la contaminación acústica en sus áreas de residencia. "En estos momentos estamos valorando la posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad porque la DGA propició estos cambios a través de una ley de acompañamiento de presupuesto y el contenido de estas leyes solo pueden referirse a gastos e ingresos de la Comunidad pero no al horario de los bares y al descanso vecinal", explican desde la plataforma ConTemple, que –no obstante– también sopesan que "una denuncia penal por prevaricación podría ser más efectiva".

Con la disposición transitoria queda prácticamente resuelto el problema de los bares que prefieren dar desayunos y almuerzos en lugar de abrir hasta altas horas de la noche (los nuevos deberían solicitar licencia de cafetería y no tendrían derecho a tener equipos de música), pero sigue pendiente de actualizar el listado de zonas saturadas porque hay algunos espacios (Moncasi, Tomás Bretón, Doctor Cerrada...) que se han regenerado y otros (el entorno del Temple, Zumalacárregui o el área de Bolonia-La Paz) que han ido a peor.

Por último, los cambios en la ordenanza (que tendrá que aprobarse en pleno y recibir también el visto bueno de la DGA) facilitarán a los propietarios de los bares hacer reformas en sus locales –acogiéndose voluntariamente al código técnico de edificación– gracias a las cuales podrán ampliar su aforo (incluso duplicarlo) dado que ahora su rango se equiparará con el de las discotecas.