Los ayuntamientos de las comarcas de Sobrarbe, Ribagorza, Jacetania y Alto Gállego exigen así que los rendimientos que obtenga la CHE, a través de la energía reservada al Estado en algunos saltos o por la reversión de las concesiones de otros, vayan a parar a los municipios que han sufrido sus consecuencias.

Hace meses que Adelpa plantea esta reclamación a la CHE, con la que mantiene un pulso por el destino de las plusvalías generadas en la explotación energética del agua de sus ríos. En un comunicado hecho público ayer, la asociación que agrupa a más de cien ayuntamientos y cuatro comarcas asegura que existe "un elevado grado de alarma" porque están conociendo a través de los medios de comunicación que la Confederación compromete ese dinero con organizaciones como las comunidades de regantes, precisamente las que tradicionalmente se han beneficiado de los embalses.

Por ello, Adelpa solicita que "se paralice cualquier acuerdo en curso en cuanto al destino de estos rendimientos por parte de la CHE" para que los acuerdos que se puedan adoptar tengan en cuenta las peticiones planteados por todos los territorios "con total transparencia".

Las actuaciones del listado incluyen a todas las cuencas del Pirineo. Las obras se refieren a regadíos sociales; minicentrales para garantizar el caudal ecológico, de forma que los municipios situados aguas abajo puedan explotarlo con usos lúdicos y turísticos, al tiempo que obtienen un beneficio económico; adecuaciones ambientales en zonas de ribera y caminos naturales; o proyectos de eficiencia energética.

En el caso de las minicentrales proyectadas a pie de presa, en El Grado o Sopeira, se pretende que la detracción de caudales del salto hidroeléctrico existente para destinarlo a la minicentral se permute por el 25% de la energía que las empresas deben ceder al Estado, según las condiciones de las concesiones realizadas en su día.

La mayor parte de las propuestas redundan en beneficio de más de un pueblo. En el caso de los abastecimientos y regadíos sociales del Cinca, mejoraría la red de agua potable de 104 núcleos de población y dotaría de balsas de regulación para el regadío a unas 2.700 hectáreas.

Según Nasarre, alcalde de Isábena, del PP, tanto el presidente de la Confederación como altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente les invitaron a concretar su reivindicación en una relación de proyectos. "En Madrid nos dijeron que veían lógico que los territorios que más hemos sufrido los embalses seamos los que ahora se beneficien de sus rendimientos", señaló.