Las asociaciones judiciales Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia emitieron ayer un comunicado con el que condenaron la colocación de unos carteles anónimos contra la jueza de Tarazona, que fue la encargada de instruir el caso contra Florencio Garcés, expárroco de Borja.

Las secciones en Aragón de estas organizaciones han rechazado esta actitud calificándola de "antidemocrática" ya que en su opinión trata de "generar inquietud y presión en la titular de un órgano judicial". También han aprovechado para manifestar "públicamente el apoyo" a su compañera.

Según el comunicado, los carteles comenzaron a aparecer la semana pasada. En ellos se critica, entre otros aspectos, que la instructora de Tarazona requiriera al Vaticano si quería personarse como acusación particular contra Garcés. Además, se especifican sus datos personales así como la dirección de su domicilio particular. Los reclamos anónimos pegados por las calles de la localidad turiasonense instan a los habitantes a concentrarse en la puerta de la vivienda de la juez, concretando un día y una hora determinados. El martes volvieron a aparecer nuevos carteles con la misma información.

La juez de Tarazona fue la encargada de instruir el caso contra el anterior párroco de Borja, Florencio Garcés, por presuntos abusos sexuales y por un supuesto desvío de fondos. Algunos miembros de las asociaciones judiciales piensan que esta puede ser la razón que haya motivado la colocación de estos anuncios. En el escrito que presentaron ayer, los magistrados explicaron que "todos los ciudadanos tienen derecho a discrepar de las resoluciones judiciales y a criticarlas", pero apuntaron que "los hechos referidos son algo distinto" y condenaron "con firmeza las conductas intimidatorias que sólo buscan comprometer la independencia del juez".

El caso contra Florencio Garcés, entonces párroco de Borja, se remonta a noviembre del año pasado, cuando fue imputado por un supuesto delito de desvío de fondos –cerca de 200.000 €– y otro de abusos sexuales. En mayo de este año, la juez María Nieves Pérez archivó la denuncia por este último delito después de que la presunta víctima de los abusos retirara la acusación. Aunque el propio Arzobispado de Tarazona ha dicho que no se considera perjudicado económicamente, las diligencias para averiguar qué pasó con el dinero siguen abiertas.

Durante los últimos meses, los vecinos de Borja se han manifestado en repetidas ocasiones para apoyar al párroco, que dejó el pueblo en julio.