Sólo un edificio residencial de más de 40 años ha pasado ya la inspección de los más de 200 que suman entre los cuatro municipios que están incluidos en la ley que engloba la Inspección Técnica de Edificios (ITE ), además de la capital, que ya cuenta con 253 revisiones efectuadas de un total de 1.841.

Son Almazán y El Burgo de Osma, dado que son municipios con población igual o superior a 5.000 habitantes, además de San Leonardo de Yagüe y Golmayo, «sólo los edificios de uso residencial en tipología no unifamiliar, por tener más de 2.000 habitantes que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana o que se encuentren incluidos en las áreas funcionales estables definidas en la Ley 9/2014 de 27 de noviembre», según refleja el decreto regional.

Así, hasta el momento sólo ha presentado la ITE un edificio residencial de Almazán, que en principio es favorable, de los 52 que tienen más de 40 años según los datos de Catastro (hay tres comunidades que alegaron), y hay tres ó cuatro más que están en marcha con el informe, aseguró el alcalde, José Antonio de Miguel.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma está preparado para recibir y registrar las solicitudes de los propietarios, tal y como indicó el edil burgense, Jesús Alonso, si bien no hay ningún informe presentado todavía, añadió. En el municipio hay alrededor de 150 edificaciones que deben pasar la inspección.

En San Leonardo el Consistorio todavía no tiene contabilizados los inmuebles susceptibles de someterse a evaluación, y en cuanto obtenga la bolsa de edificios empezará a notificar a los propietarios afectados.

El caso de Golmayo es peculiar, dado que se incluye por el marco normativo, pero el municipio no posee ningún inmueble residencial de más de 40 años. A este respecto, el alcalde, Benito Serrano, recordó que «el más antiguo se ubica en Fuentetoba y no tiene más que 26 años».

Lo cierto es que los alcaldes tienen muchos interrogantes que desconocen, como los plazos que se deben dar para la realización de estas inspecciones, o las consecuencias del incumplimiento de estos informes. Para ello, la Consejería de Fomento ha invitado a los ediles de los cuatro municipios incluidos en la ITE a una reunión informativa que se celebrará el 14 de junio en Tordesillas (Valladolid).

La obligación, de los dueños

«La oficina estaba preparada de forma inmediata cuando salió la ley y el Ayuntamiento cumplió con su obligación de comunicarlo a todas las comunidades de propietarios de edificios residenciales de más de 40 años. A partir de ahí los responsables son los dueños», añadió Jesús Alonso.

Y es que la ITE , que tiene por objeto evaluar periódicamente el estado de conservación del edificio y el cumplimiento por parte de los propietarios del deber de su conservación, obliga a los propietarios de todos los edificios afectados de los municipios, siendo responsable las comunidades de propietarios en el caso de edificios de viviendas o locales integrados en la misma.

Tal y como señala la Junta, en colaboración con el Instituto de la Construcción de Castilla y Léon, en el folleto informativo que distribuyó a los ayuntamientos, «la obligación de someter los edificios a inspección técnica corresponde a sus propietarios, dado que son los que tienen el deber de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad».

Está regulada por los artículos 110 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 315 a 318 del Reglamento de Urbanismo que la desarrolla en el Decreto 22/2004, de 29 de enero, y las modificaciones incluidas en el Decreto 10/2013 de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de Construcciones. En él la Administración regional incluyó a los municipios de más de 5.000 habitantes.

En estos, al contrario que en los de más de 20.000, solo habrían de superar dicha prueba los edificios que alberguen uso residencial en tipología no unifamiliar, casi 200 entre los de Almazán y El Burgo, a los que habría que sumar los que se contabilicen en San Leonardo, dado que Golmayo no tiene inmuebles residenciales de más de 40 años.

Según el Instituto de la Construcción, «cada ayuntamiento tiene la potestad de regular la ITE », y la no realización de la inspección supone el incumplimiento de la obligación del deber de conservación y por tanto conllevará la posibilidad de imponer sanciones o de su ejecución de oficio por el Ayuntamiento, repercutiendo el coste en los propietarios del edificio, y en su caso, la imposición de sanciones.